Plataforma Unitaria verifica 19 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía
La coalición opositora señaló que, a 48 horas de la promulgación del instrumento legal, solo ha confirmado la liberación de 19 personas, mientras familiares de presos políticos permanecen en vigilia a las afueras de distintos centros de reclusión en el país
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) informó que ha podido verificar únicamente 19 excarcelaciones luego de la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, sancionada el pasado jueves por la Asamblea Nacional (AN).
A través de su cuenta en X, la coalición opositora señaló que, a 48 horas de la promulgación del instrumento legal, solo ha confirmado la liberación de 19 personas, mientras familiares de presos políticos permanecen en vigilia a las afueras de distintos centros de reclusión en el país.
La PUD agregó que hasta las 10:00 p.m. del sábado 21 de febrero había contabilizado 494 excarcelaciones desde el 8 de enero, fecha en la que comenzó un proceso de liberaciones impulsado por la administración de Delcy Rodríguez.
En ese contexto, la organización sostuvo que la libertad de más de 600 presos políticos, según su registro, depende únicamente de “voluntad política”.
“Exigimos procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos”, expresó la coalición opositora.
Versión oficial: “cientos” de liberaciones
Horas antes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que ya se estaban produciendo liberaciones “en cientos” de personas privadas de libertad amparadas por la ley.
“En este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”, afirmó durante una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Rodríguez indicó que los primeros casos atendidos correspondían a detenidos en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta y en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos en Caracas. Sin embargo, no ofreció detalles sobre las identidades de los beneficiados ni cifras específicas de excarcelaciones efectivas.
Explicó que la comisión encargada de velar por la aplicación de la ley, presidida por el diputado Jorge Arreaza, se mantiene en sesión permanente revisando solicitudes.
“Hasta ayer teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. Hoy se han recibido 1.152 nuevas solicitudes, para un total de 1.557 que se están atendiendo de inmediato”, aseguró.
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Asimismo, indicó que se evaluarán más de 11.000 casos de personas con medidas sustitutivas de libertad, como régimen de presentación ante tribunales o prohibición de salida del país, con el objetivo de que puedan “disfrutar libertad plena”.
Rodríguez también señaló que algunas personas que no están contempladas dentro del ámbito específico de la Ley de Amnistía podrían optar a “medidas de gracia o indultos” por parte del Ejecutivo.
Al ser consultado sobre exclusiones, mencionó el caso del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue liberado tras la aprobación de la ley, aunque —según afirmó— no le correspondía el beneficio por haber convocado acciones que calificó de violentas.
Alcance y limitaciones
La Ley de Amnistía establece como período de cobertura los años comprendidos entre 1999 y 2026, pero delimita 13 hechos políticos ocurridos desde 2002, lo que deja fuera detenciones registradas en al menos 15 de los últimos 27 años, así como casos vinculados a operaciones militares.
Mientras el oficialismo sostiene que el proceso avanza “en tiempo real”, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de mayor transparencia sobre las cifras, los criterios de inclusión y la identidad de las personas beneficiadas.
El contraste entre las cifras oficiales y las verificadas por la oposición mantiene la incertidumbre sobre el alcance real de la amnistía y el ritmo efectivo de las liberaciones.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.





