PJ exige renuncia de Maduro y la instalación de un gobierno de unidad nacional
Primero Justicia propuso el establecimiento de un calendario electoral progresivo, acompañado por la comunidad internacional, que garantice elecciones libres y transparentes en todos los niveles
Primero Justicia publicó un comunicado de nueve puntos en el que plantea entre otras cosas, la renuncia de Nicolás Maduro y sus funcionarios, la libertad de todos los presos políticos y el reconocimiento a la voluntad popular expresada el 28 de julio.
«Desde Primero Justicia dejamos claro lo que el país exige y lo que los venezolanos aspiramos construir», escribió la organización este lunes 24 de noviembre.
La organización planteó la instalación de un gobierno de unidad nacional que abra paso a una transición democrática real con el apoyo de la ciudadanía.
*Lea también: «EEUU aumenta presión y la única conversación que quiere oír es cuándo se va Maduro»
En el ámbito económico y social, Primero Justicia pidió implementar un plan urgente de recuperación de la población vulnerable y de inversión social dirigida a los más pobres.
Exigió que se garantice la propiedad privada, especialmente la propiedad de la tierra en las comunidades urbanas y rurales.
La tolda aurinegra también propuso la creación de un fondo nacional para recuperar el ingreso familiar, el relanzamiento de la industria petrolera, con participación del sector privado nacional e internacional y el establecimiento de un calendario electoral progresivo, acompañado por la comunidad internacional, que garantice elecciones libres y transparentes en todos los niveles.
El comunicado de Primero Justicia se produce el mismo día en el que Estados Unidos oficializa la designación del Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera, lo que implica una medida de mayor presión sobre la administración Maduro a la que el gobierno de Donald Trump acusa de liderar este grupo y de enviar «delincuentes» a su país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
