Piden diferir audiencia de Maduro y Flores: argumentan temas logísticos y de transporte
El documento enviado al juez Hellerstein señala que la prórroga permitirá a la Fiscalía la consignación de pruebas y facilitará a la defensa revisar y evaluar las mociones previas al juicio
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (EEUU) solicita el aplazamiento de la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores prevista para el 30 de junio. En el documento enviado al juez Alvin K. Hellerstein se pide programar la cita judicial para el 22 de julio a las 12:00 p.m.
En la solicitud se explica que la nueva fecha planteada es conveniente para el tribunal y se pide que el período entre el 30 de junio y el 22 de julio de 2026 se excluya del cálculo de la pena para ambos acusados en virtud de la Ley de Juicio Rápido conforme a lo establecido en el Código de los Estados Unidos.
Según la defensa, el aplazamiento de la fecha es «necesario para evitar problemas de programación y logística relacionados con el transporte seguro y la protección».
El documento señala que la prórroga permitirá a la Fiscalía la consignación de pruebas y facilitará a la defensa revisar y evaluar las mociones previas al juicio que planean presentar para intentar que se desestimen los cargos.
El equipo legal de Maduro y Flores expresaron estar de acuerdo con la solicitud del aplazamiento.
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Nicolás Maduro está acusado de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.
Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal.
A principios de junio se conoció que Nicolás Maduro y Cilia Flores incorporaron a su equipo de defensa a la abogada Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, quien formó parte del equipo que logró la absolución del magnate del hip-hop Sean «Diddy» Combs por cargos de trata de personas con fines sexuales y crimen organizado, que podrían haberle supuesto cadena perpetua.
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