Pelaron bola, por Teodoro Petkoff
«Peor que un crimen, una estupidez” : la requete manida frase viene como anillo al dedo en el caso de la “incursión” de una fiscal (żfiscala?) del Ministerio Público en el CNE. La aparatosa actuación de más de una docena de petejotas, con armas largas, unida a la “casual” presencia de unas pocas decenas de vociferantes ganapanes en las afueras del CNE, transformó una rutinaria “inspección ocular” en algo muy parecido a un allanamiento.
Pero, ¿habrá sido solamente una estupidez? Tantas estupideces juntas ya no parecen casuales. El abogado que le redactó la demanda contra “Súmate” al vice Rangel, quien tal vez ni la leyó antes de introducirla, sin duda que no es su amigo, porque esa vaina no se le echa a un amigo. Si de lo que se trataba era de descalificar a esa organización, el tiro saldrá por la culata porque la suma de inepcias contenidas en esa demanda no resiste el análisis de un estudiante de primer año de Derecho.
Sin embargo, chimba y todo, esa demanda tiene un sentido político evidente. La acción de la fiscal (¿fiscala?) tiene el mismo rango. Dentro del criterio de cooperación entre los poderes públicos para alcanzar los fines del Estado, era suficiente con una banal solicitud al CNE de facilitar la realización de una inspección ocular a las firmas de un cierto número de personas que aducen no haber firmado para la solicitud del referendo consultivo, para que, sin la escandalosa parafernalia policial de ayer, se hubiera podido realizar aquella. En cambio, esa acción rutinaria tomó los visos de un operativo policial sobre un poder que apenas se constituye, lo cual levanta la inevitable sospecha de si no habrá alguna segunda intención en este procedimiento, con vistas a la verificación de las firmas para el RR.
Jimmy Carter tal vez se habría preguntado si no se trataba de alguno de los inefables tricks sobre los cuales alertó en su tiempo.
Afortunadamente, la directiva del CNE enfrentó esa operación disparatada con mucha decisión y sentó las bases para que la inspección se pueda efectuar normalmente, estrictamente sobre las firmas de los denunciantes y con la presencia de los técnicos del CNE, sin sacar de su sede las planillas del caso.
Sin embargo, queda flotando una inquietud. ¿Qué sentido tiene una investigación sobre las firmas para un referendo como el consultivo, que fue declarado inconstitucional por el TSJ y que por tanto no se realizó? ¿La morosidad de la Fiscalía en investigaciones sobre casos donde perdieron la vida varios venezolanos y sobre episodios de bombas altamente destructivas, no contrasta con la diligencia mostrada en una investigación sobre lo que sería un hecho punible de ínfima categoría (si es que se demostrara la veracidad de la denuncia sobre falsificación de firmas) comparado con los homicidios y los bombazos?
En todo caso, a Isaías le toca remendar el capote, presentando las excusas del caso al CNE.
