Pedro Castillo no se amilana ante intento de inhabilitarlo por «traición a la patria»
Pedro Castillo se enfrenta a otro proceso en el Congreso de Perú para buscar su inhabilitación política y esta vez se le acusa de traición; luego de proponer un posible referendum para ver si se le da acceso al mar a Bolivia. Mientras esto ocurre, la defensa del mandatario introdujo una demanda para que cesen las investigaciones y pedidos de vacancia en su contra
El presidente de Perú, Pedro Castillo, se enfrenta este viernes 11 de noviembre a un nuevo intento para inhabilitarlo y convocar a unas nuevas elecciones, luego de que la Subcomisión de Acusaciones del Congreso de su país aprobara, con una votación cerrada, el informe final que recomendó acusar al mandatario de «traición a la patria».
Este informe, si es ratificado por la Comisión Permanente, pasará a la Plenaria del Congreso para ser votado una vez más, lo que podría derivar en que Castillo quede inhabilitado y un posible antejuicio de mérito.
La nueva investigación contra el mandatario de Perú se basa en la presunta violación de varios artículos de la Constitución, luego de que ofreciera unas declaraciones acerca de un posible referendum para darle acceso al mar a Bolivia.
Castillo, luego de una reunión en el Palacio de Gobierno en Lima, aseguró que no se amilana ante la decisión de esa subcomisión y reiteró que se encuentra trabajando para solucionar los problemas que aquejan a la nación andina.
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“Mientras estamos viendo cómo solucionamos, en el Congreso de la República la Subcomisión de Acusaciones da inicio a la sesión y recomienda la inhabilitación del presidente de la República por traición a la patria con 11 votos a favor y 10 en contra (…) No nos amilana, nosotros acá estamos por el país porque antes que todo está el ciudadano. Espero que el Congreso actúe mirando al pueblo, al peruano, no a las personas”, expresó.
Entretanto, la Primera Sala Constitucional de Lima aceptó una demanda introducida por los abogados de Pedro Castillo para que terminen las denuncias constitucionales y pedidos de vacancia en su contra. Este recurso se introdujo el 12 de octubre en el Primer Juzgado Constitucional de Lima, que se declaró incompetente y pasó el caso a la instancia superior.
Los jueces han dispuesto remitir copias de la demanda a los demandados, dándoles un plazo de 10 días hábiles para dar una respuesta y convocar a audiencia para el próximo 6 de marzo del 2023.
Con información de RPP / La República / Peru21 / El Comercio /
