Parlamento venezolano quiere asegurar «garantías» a funcionarios en la transición
Este anteproyecto de ley fue vetado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 21 de enero, bajo el argumento de que la directiva de la Asamblea Nacional es nula
La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley de amnistía y garantías para funcionarios públicos y militares, con el objetivo de conseguir más apoyos que apuntalen la transición que empuja la oposición venezolana, y el gobernante Nicolás Maduro rechaza.
El proyecto de ley fue incluido en el sistema de la AN durante el inicio de la sesión, y su inclusión en el orden del día fue propuesto por la diputada Delsa Solórzano, que además se encargó de la presentación.
Durante su intervención, Solórzano reiteró que dentro de este proyecto se prevé un artículo para otorgar amnistía a presos, exiliados y perseguidos por razones políticas. «Esta Asamblea Nacional ha sido muy seria en el trabajo sobre estos hechos y su descripción».
La diputada también indicó que existe un artículo en esta ley que establece la obligatoriedad del Parlamento de «brindar garantías constitucionales a todos aquellos funcionarios que contribuyan en la restitución del estado de Derecho», ya sean civiles o militares.
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La diputada Adriana Pichardo explicó que este proyecto se basa en un contexto desde enero de 1999 hasta su entrada en vigencia como ley, y extingue responsabilidades penales, administrativas, políticas o tributarias contra personas que han sido señalados como presos políticos.
Aunque aclaró que no se concederá amnistía «a corruptos, violadores de derechos humanos o que hayan cometido crímenes de lesa humanidad». Pichardo dijo a los funcionarios que cuentan con u Asamblea «que los respaldará siempre que actúen apegados a la ley».
Por su parte, el parlamentario Teodoro Campos dijo que esta ley busca «reinstitucionalizar el país, los organismos y la Fuerza Armada Nacional».
Al igual que el presidente de la AN Juan Guaidó, el diputado Campos señaló que no les están solicitando a los funcionarios militares que hagan una rebelión o un alzamiento en armas. «Le pedimos que se apeguen a los artículos 328 y 329 de la Constitución».
Campos indicó que es necesario preguntarle a los militares «¿Con quién están ustedes? ¿Con el gobierno o con Venezuela?».
Este anteproyecto de ley que impulsa Solórzano fue vetado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 21 de enero, bajo el argumento de que la directiva de la Asamblea Nacional es nula y el poder Legislativo no ha salido del desacato declarado en enero de 2016.
El TSJ también exhortó al Ministerio Público determinar las responsabilidades civiles, jurídicas y administrativas contra diputados opositores a quienes acusan de pretender derogar la Constitución.
Transición espera acuerdos
En la sesión del 22 de enero también se tenía prevista la primera discusión del anteproyecto de Ley de «estatuto que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución», pero fue diferida.
El diputado y presidente de la Comisión especial en defensa de la Constitución, Juan Miguel Matheus, afirmó que esa instancia ha alcanzado importantes consensos sobre el proyecto aunque considera necesario “afinar detalles” entre los partidos políticos, por lo que solicitó el diferimiento para la próxima sesión.
