Parlamento Europeo revela que sanciones a funcionarios venezolanos podrían ampliarse
Como presidente de la misión parlamentaria que a finales de junio de 2018 se desplazó a la frontera colombiana y a Bogotá, el eurodiputado español Agustín Díaz de Mera, del Partido Popular Europeo (PPE), reconoció que ese país está haciendo un esfuerzo para ayudar a sus vecinos, pero «los colombianos no pueden solos»
El Parlamento Europeo (PE) aprobó este 5 de julio una resolución para pedir a los Estados que integran a la Unión Europea liberar ayuda de emergencia para Venezuela, así como para Colombia, Perú y Brasil, ya que estas naciones colaboran en la recepción de la ola migratoria que proviene de nuestro país debido a la crisis que se vive, que la misma sea de forma coordinada con la comunidad internacional y se intensifique la ayuda financiera.
Esta medida del PE sobre nuestro país tuvo 485 votos a favor, 100 en contra y 29 abstenciones.
De igual forma, describieron que al menos el 87% de la población está afectada por la pobreza, y de ese porcentaje, el 61,2% se encuentran en niveles extremos, mientras que la mortalidad en el país se ha incrementado en un 60%, de los cuales un 30% corresponde a la muerte de niños.
También apoya «totalmente» el informe que emitiera la OEA sobre violaciones de DDHH en Venezuela, así como el Alto Comisionado de la ONU en esta instancia para que se establezca una comisión que investigue lo que ocurre en el país, al igual que respalda que la Corte Penal Internacional profundice su participación en este tema.
Recordó además que las sanciones aprobadas e impuestas por la comunidad internacional «debe ser específica y reversible, y no perjudicar en modo alguno a la población venezolana», al tiempo que dejó la puerta abierta para que las mismas se amplíen.
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Manifestó su preocupación por la situación que se vive en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia y Brasil, en donde existe una gran cantidad de niños «no acompañados» que cruzan estos pasos. De igual forma pide a las autoridades venezolanas que permitan la entrada «sin obstáculos» la entrada de asistencia humanitaria, en especial para poder atacar enfermedades como el paludismo, la difteria y el sarampión.
«En 2017 el paludismo aumentó 69%, siendo el mayor aumento en todo el mundo, y otras enfermedades como la tuberculosis y el sarampión están al borde de convertirse en epidemias», reza la resolución.
La agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) calcula que Colombia alberga a unas 800.000 personas de la diáspora venezolana y Brasil a otros 50.000 individuos.
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Como presidente de la misión parlamentaria que a finales de junio de 2018 se desplazó a la frontera colombiana y a Bogotá, el eurodiputado español Agustín Díaz de Mera, del Partido Popular Europeo (PPE), reconoció que ese país está haciendo un esfuerzo para ayudar a sus vecinos, pero «los colombianos no pueden solos».
Díaz de Mera pidió que la UE destine más fondos de emergencia, que se habilite un corredor humanitario y reclamó el fin de la violación de los derechos humanos y la celebración de elecciones libres en Venezuela.
El socialista español Ramón Jáuregui dijo que «muchos se preguntarán cómo uno de los países de la Tierra haya producido más de dos millones de emigrantes» y concluyó que «es la consecuencia de una revolución fracasada».
La voz más disonante con el discurso mayoritario fue la del eurodiputado español de la Izquierda Unitaria Europea Javier Couso, quien señaló que la presión parlamentaria persigue la «creación de una alarma humanitaria para que sirva como excusa para una intervención militar».
Con información de EFE
