OVP denuncia que presos de Fénix Lara reciben comida descompuesta
Además de la crisis alimentaria, el OVP reportó que el acceso al agua potable está condicionado al pago de 150 bolívares por un tobo de agua semanal. Este monto debe cubrir consumo, aseo personal y lavado de uniformes, cantidad que resulta insuficiente para los detenidos
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes que los 1.840 privados de libertad en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara reciben alimentos en estado de descomposición. Según el reporte de la organización, los internos han ingerido sardinas podridas, lo que ha desatado brotes de enfermedades intestinales dentro del penal.
La denuncia, basada en testimonios de familiares y una carta enviada por los propios reclusos, detalla las siguientes irregularidades en el suministro de alimentos. Según el reporte la dieta se limita a pastas y arepas amarillas sin acompañantes, incumpliendo los requerimientos calóricos básicos.
Denunciaron que funcionario del penal confiscan gran parte de los alimentos que los familiares intentan ingresar durante las visitas.
El OVP señaló que lo internos denuncian que el pan producido en el penal, que antes era para consumo de la población, ahora es vendido y los beneficios son presuntamente recaudados por la dirección del centro.
Además de la crisis alimentaria, el OVP reportó que el acceso al agua potable está condicionado al pago de 150 bolívares por un tobo de agua semanal. Este monto debe cubrir consumo, aseo personal y lavado de uniformes, cantidad que resulta insuficiente para los detenidos.
El informe también señala directamente al director del penal, Héctor Maraima, por presuntas humillaciones, maltratos verbales y el cierre de espacios de trabajo (carpintería) y recreación (canchas deportivas).
Las denuncias surgen 27 días después de una visita oficial del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa. A pesar de que los internos expusieron las fallas en salud, alimentación y retraso procesal durante el encuentro, el OVP asegura que no se ha implementado ninguna mejora y que las evaluaciones para otorgar beneficios procesales siguen paralizadas.
«Lo que generó expectativas de mejora terminó convirtiéndose en nuevas promesas incumplidas», señaló la organización, recordando que el artículo 272 de la Constitución, que garantiza el respeto a los derechos humanos en las cárceles, sigue sin aplicarse.
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