Organizaciones rechazan «enroques» y «reciclaje» en la Defensoría y Fiscalía
La organización Cepaz señaló que la independencia de estos cargos debe ser una condición esencial para que exista justicia real y destacó la importancia de tener autoridades capaces de investigar graves violaciones a derechos humanos
Organizaciones sociales y políticas rechazaron los «enroques» y el «reciclaje» en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, tras la renuncia de Tarek William Saab y de Alfredo Ruiz a los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente.
Este miércoles 25, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó la renuncia de los dos funcionarios. Sin embargo, Saab no pasó mucho tiempo fuera del juego político, pues minutos después de conocerse su salida, el parlamento lo postuló como defensor encargado. En la sesión se designó a Larry Devoe como fiscal general.
«No a las simulaciones. El país requiere avanzar hacia una reinstitucionalización genuina, creíble y transparente, no un reciclaje de funcionarios leales a una estructura de impunidad. El ‘enroque’ del Defensor del Pueblo es una afrenta a la memoria de las víctimas y un obstáculo para la justicia», afirmó Óscar Murillo, coordinador de Provea.
En una publicación en redes sociales, expresó el rechazo de la organización al nombramiento de Tarek William Saab como Defensor del Pueblo.
Calificó la decisión como un «enroque» de poder que prolonga la crisis institucional y se burla del dolor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Enfatizó que la gestión de Saab al frente del Ministerio Público «estuvo marcada por la omisión, la complicidad y el encubrimiento».
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La fracción parlamentaria Libertad salvó su voto en la designación de Tarek William Saab. El diputado de Un Nuevo Tiempo Stalin González señaló que los cambios que el país requiere deben ser «reales y sustantivos, no meras sustituciones superficiales».
Para el parlamentario, la designación de Saab «resulta incoherente con el momento institucional que vive la República y constituye una falta de respeto hacia el pueblo venezolano».
Henrique Capriles, por su parte, calificó como una «burla a las víctimas» el nombramiento de Saab como defensor del Pueblo.
En declaraciones a los medios, Capriles señaló a Saab como «el responsable de la persecución, de la judicialización» en Venezuela y criticó que ahora esté al frente como defensor del pueblo encargado.
«Eso es una burla a las víctimas, a los venezolanos, quienes tenemos la expectativa de que los poderes (públicos) en este país cambien, que aquí haya poderes que sirvan a intereses de los venezolanos, no que le sirvan al poder », dijo el opositor.
Sobre Devoe, Capriles aseguró que «todo el mundo sabe que el fiscal encargado es una persona cercana al partido de gobierno», al tiempo que reclamó que el país «necesita un fiscal y un defensor del pueblo independientes».
Al referirse a las renuncias del fiscal general y del defensor del pueblo, la organización Cepaz señaló que se abre un momento determinante para la institucionalidad en el país. «No se trata solo de sustituir nombres, sino de garantizar que el proceso de designación fortalezca la justicia, la protección de derechos humanos y el Estado de Derecho».
Señaló que la independencia de estos cargos debe ser una condición esencial para que exista justicia real y destacó la importancia de tener autoridades capaces de investigar graves violaciones a derechos humanos, garantizar acceso a la justicia de las víctimas, combatir la impunidad y proteger a quienes denuncian abusos.
«Las víctimas —incluidas personas detenidas arbitrariamente, familiares y mujeres afectadas por la violencia— necesitan instituciones que respondan, no que les den la espalda…».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
