OEA pide transparencia y participación ciudadana en la elección de fiscal y defensor
La Secretaría General de la OEA aseguró que la designación de autoridades independientes del Poder Ciudadano puede representar un paso fundamental hacia la transición democrática.
Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigió a las autoridades venezolanas a garantizar que los procesos de designación del fiscal general y del defensor del pueblo cumplan con los estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana.
«La designación de autoridades que ofrezcan garantías creíbles de independencia para todos los sectores de la sociedad puede representar un paso fundamental hacia la reconciliación nacional y una transición democrática», señaló en un mensaje publicado en redes sociales este martes 31 de marzo.
Ramdin reiteró la disposición la Secretaría General de la OEA para acompañar a Venezuela en la «atención de sus desafíos institucionales».
En esta misma línea, la Relatora de la ONU Margaret Satterthwait pidió el 25 de marzo que el mérito y la integridad demostrables fueran la base para los nombramientos de estos cargos, cruciales en la «salvaguarda de los derechos humanos y el estado de derecho».
El pasado 25 de febrero, la Asamblea Nacional recibió las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz a los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Entonces, el parlamento venezolano aprobó un comité para evaluar las credenciales de más de 130 personas postuladas durante los lapsos correspondientes.
Otros 18 candidatos presentaron sus credenciales durante una extensión extemporánea que aprobó el parlamento el 24 de marzo. Jorge Rodríguez, presidente de la AN, argumentó que la decisión fue por la falta de “consenso” para la designación de los titulares del Poder Ciudadano.
La sociedad civil ha denunciado las numerosas fallas de este proceso, como la falta de publicación de un cronograma y el baremo correspondiente para evaluar a los candidatos. También critican que el comité seleccionador debía ser convocado y conformado por el Poder Ciudadano, como lo establece la Constitución, y no la Asamblea Nacional.
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