MP entregó informe a la CPI para defenderse sobre acusaciones de violaciones a DDHH
Sobre Venezuela la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investiga dos aspectos: Si funcionarios del Estado venezolano, entre ellos Nicolás Maduro, son responsables de violaciones a los DDHH en el contexto de manifestaciones gubernamentales a partir de 2017; o si en el país se cometen crímenes de lesa humanidad debido a sanciones por parte de Estados Unidos
El fiscal general impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público entregó un informe para responder a las informaciones solicitadas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), referentes a los exámenes que se siguen al Estado venezolano por graves violaciones a los derechos humanos cometidas dentro del país.
En una nota de prensa colgada en redes sociales, Saab indicó que un «extenso informe» fue entregado a la Fiscalía de la CPI para responder a los requerimientos realizados por esta instancia el pasado 2 de octubre, «en el firme convencimiento de las instituciones venezolanas de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas con la ratificación del Estatuto de Roma en el año 2000».
Además, ratificó que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, así como su equipo están invitados al país para que realicen las entrevistas y visitas de campo que se requieran como parte de los dos exámenes preliminares pendientes sobre Venezuela.
#AHORA el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela emite comunicado sobre la entrega -y recepción- hoy #30Nov en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional: DE UN EXTENSO INFORME para dar respuesta a los requerimientos realizados por dicha @CourPenaleInt pic.twitter.com/n6l8bdkRFO
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) November 30, 2020
Dicha invitación fue extendida por Tarek William Saab el pasado 4 de noviembre, cuando estuvo de visita en la sede de la Corte Penal Internacional junto al defensor del pueblo venezolano, Alfredo Ruíz. En dicha reunión, la fiscal Bensouda indicó que los exámenes preliminares sobre Venezuela que lleva a cabo su oficina siguen en pie, y hay «motivos razonables» para creer que en el país se configuraron violaciones a los DDHH sancionadas por el Estatuto de Roma.
En específico, esas violaciones tienen que ver con la denuncia realizada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú en febrero de 2018 sobre abusos cometidos en el contexto de manifestaciones antigubernamentales a partir de 2017.
La solicitud de estas naciones, bajo el nombre examen preliminar Venezuela I, es que la CPI determine las responsabilidades individuales de varios funcionarios del Estado venezolano, entre ellos el mandatario Nicolás Maduro.
Con respecto a la situación del segundo examen sobre Venezuela, la fiscal de la CPI dijo en noviembre que la evaluación de si en el territorio se cometen crímenes de lesa humanidad debido a sanciones por parte de Estados Unidos -una investigación solicitada por el Estado venezolano- todavía está en curso.
Ese examen tiene como objetivo «llegar a una determinación sobre si existe una base razonable para creer que la presunta conducta es de competencia de la Corte».
