Movimiento estudiantil de la ULA rechaza aumento del pasaje urbano en Mérida
El movimiento estudiantil de la Universidad de los Andes (ULA) insta a alcanzar un consenso que favorezca a todas las partes y exigen que se garantice, a través de operativos de seguridad y vialidad, que las unidades de transporte acepten el pago estudiantil correspondiente «sin ningún tipo de maltrato o discriminación»
Aseret Ramírez
El movimiento estudiantil de la Universidad de los Andes, manifestó su preocupación ante el aumento del pasaje urbano en Mérida, el cual fue aprobado en 100 bolívares en todo el país, según consta en gaceta oficial. Por ende, los estudiantes expresaron su rechazo y llamaron a un «debate amplio», argumentando que el descontento se debe a la crisis económica del país.
Señalaron que la solución no debe recaer sobre los transportistas ni sobre los estudiantes, ya que corresponde netamente al Estado garantizar este derecho.
José Varela, consejero universitario de la ULA, aclaró que la queja no se dirige a los transportistas, pues no los consideran un «adversario». Al contrario, los definió como aliados y víctimas de la situación. Varela enfatizó que el costo de la vida afecta a todos y que no es justo que el sector transporte asuma responsabilidades estatales.
El estudiante cuestionó mecanismos de control como el registro de huella digital o la asignación semanal de combustible, calificándolos como intentos de «burocratizar la prestación del servicio». Por esta razón, informó que es fundamental alcanzar un consenso para superar las ideas «que han llevado al país a la catástrofe económica, social y política».
Por otra parte, Junior Muñoz, dirigente del Movimiento 13 y presidente adjunto de la FCU-ULA, fijó una postura frente al anuncio de ajuste de tarifas realizado por Benjamín Lara, presidente del Sindicato de Transporte del estado Mérida.
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Muñoz denunció que, bajo el amparo de directrices ministeriales alejadas de la realidad, se pretende «asfixiar aún más a la comunidad universitaria y a los sectores más vulnerables». Por ello, exigió mantener el subsidio y respetar el carnet universitario y la constancia de estudios como documentos válidos de pago. Aunque reconoció que los transportistas enfrentan la misma crisis, subrayó que la solución «no puede ser descargar el costo operativo sobre el estudiante que hoy lucha por no abandonar las aulas».
Se le exigió al Alcalde del municipio hacer cumplir las tarifas legales vigentes. Asimismo, Muñoz solicitó la activación inmediata de operativos de seguridad y vialidad para garantizar que las unidades acepten el pago estudiantil «sin ningún tipo de maltrato o discriminación».
El descontento y el malestar por el aumento del pasaje también se vivió en la Gran Caracas, el pasado 16 de marzo, cuando se registró un paro de transporte convocado por gremios del sector.
Los transportistas exigieron que la tarifa urbana se fijara en 120 bolívares y, al no obtener respuesta, decidieron paralizar sus unidades. Esta medida causó el colapso de la ciudad y los usuarios reportaron una mínima afluencia de transporte, muchos se vieron obligados a desplazarse a pie e incluso en unidades policiales para poder llegar a sus lugares de trabajo.
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