Mirandinos decidirán en consulta destino de más de $500 mil del Fondo del Poder Popular
El 23 de octubre en el estado Miranda se realizará una consulta popular sobre la gestión financiera en la región. Autoridades de la entidad aseveraron que el resultado de la convocatoria servirá como un indicador de gestión para el gobierno regional y nacional
El secretario de Comunas del estado Miranda, José Daniel Pérez, informó que en la entidad fueron habilitados 550 centros de votación para la «Gran Consulta Popular Miranda 2022», en la que la ciudadanía determinará a cual ámbito de gestión debería destinarse la inversión de los recursos del Fondo del Poder Popular.
En entrevista a Unión Radio, Pérez explicó que todo hombre, mujer y joven mayor de 15 años, podrá participar en la consulta popular en su parroquia, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) solo permite que sufraguen mayores de edad. La consulta se realizará el domingo 23 de octubre.
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El funcionario explicó que el Fondo del Poder Popular se creó en la primera consulta del 2019, pero con la llegada de la pandemia por el coronavirus no se continuó la ejecución. Dijo que el objetivo de la nueva convocatoria es que el ciudadano decida en qué se deben invertir los recursos del fondo.
Recordó que el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, ordenó destinar 500 mil dólares como base del Fondo y una vez que los mirandinos decidan en qué se necesita hacer la inversión, el Ejecutivo regional se encargará de los avances. Destacó que el resto de las inversiones que ya realiza la gobernación se mantendrán en cada una de las parroquias.
El secretario de Comunas apuntó que en las 55 parroquias del estado se distribuyeron voceros comunales para atender las dudas e inquietudes de los usuarios sobre la consulta y que estas mismas personas están en funciones el día del evento.
Al obtener los resultados de la consulta pública, la gobernación de Miranda brindará el financiamiento para que los habitantes de las parroquias lleven a cabo los proyectos propuestos. El resultado de la consulta también servirá como un indicador de gestión para el gobierno regional y nacional, añadió.
Consulta popular de Miranda tiene un expediente cuestionado
En 2019 el gobernador del estado Miranda y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Héctor Rodríguez, convocó una «consulta popular» con la que buscaba aprobar la transferencia a las comunas de la entidad de los fondos por aplicación de multas contempladas en la Ley de Convivencia para la Paz y Seguridad Ciudadana.
En ese momento el mandatario regional aseveró que el evento sería una nueva demostración «del liderazgo del chavismo» y de la fuerza a través del llamado poder comunal. Rodríguez afirmaba en ese momento que aunque la decisión se pudo haber tomado mediante un decreto. «no tendría ningún efecto. Por eso decidimos y creemos que es la forma correcta consultarlo a la gente».
El cambio de destino de estos fondos -que hasta el momento estaban asignados básicamente a la policía de Miranda- al poder comunal, una figura que no está contemplada en la Constitución venezolana, se realizó el 1 de diciembre de ese año.
La participación de personas mayores de 15 años se repite, tal y como se hizo en 2019, en la consulta de este años, pese a que el Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral solo permite la participación de personas mayores de edad.
«Lo que yo te pido y te invito a ti vecino y vecina mirandina, es que este domingo 1 de diciembre vengas a tu centro electoral y participes en la consulta popular, si tu estas de acuerdo o no con transferir la facultad de cobrar, administrar y ejecutar los recursos de la ley de convivencia, esa es la consulta que estamos haciendo. No solamente para aprobar esta transferencia sino para dar un mensaje de que con el pueblo tenemos más fuerza», dijo el gobernador Héctor Rodríguez durante un discurso para promocionar estos comicios.
Expertos consultados en el pasado por TalCual como el abogado constitucionalista José Vicente Haro tildaron la primera consulta como un fraude a la Carta Magna. Haro en ese momento calificó la convocatoria como un nuevo intento del gobierno de abrir el paraguas del estado popular que Venezuela rechazó en el referéndum del 2007.
