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Mineros de criptomonedas ven un escape a la inflación pese a dificultades



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Mineros de criptomonedas
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TalCual | junio 17, 2020

La capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional ha mermado sustancialmente en los últimos años y las fallas de suministro energético se hacen presentes en todo el país, pero los mineros aseguran que su práctica no perjudica a la red de distribución


La minería de criptomonedas ha cobrado cada vez más peso y popularidad en territorio venezolano, especialmente desde que el gobierno de Nicolás Maduro legalizó esta actividad en el marco del «ecosistema» que quería crear para los criptoactivos y concretamente el petro.

Para quienes tienen los recursos para adquirir las máquinas especializadas necesarias y construir su granja de minado, la actividad ofrece un retorno prometedor, pues en otros países la principal complicación es el consumo energético de estos equipos, que deben operar las 24 horas del día y los siete días a la semana. En Venezuela, sin embargo, la factura de electricidad tiene un precio casi simbólico, por lo que las ganancias se disparan.

De acuerdo con el trader Aníbal Garrido en una entrevista otorgada al portal Morocotacoin, la minería de criptoactivos es un negocio rentable que permite paliar la crisis inflacionaria del país. No obstante, las ganancias dependerán de la capacidad de ‘hashing‘ que posea la granja de minado en cuestión.

El ‘hashing‘ es un protocolo de confirmación de operaciones de una criptomoneda en específico. Equipos especializados se encargan de procesar millones de cálculos por segundo hasta comprobar que, efectivamente, hubo un traspaso de una determinada cantidad de bitcoins (por ejemplo) de un monedero virtual a otro.

Este esquema permite reducir a cero la posibilidad de hacer algún fraude en el sistema y, como recompensa a los mineros que ofrecen su capacidad de cómputo para confirmar transacciones, se les emiten una fracción específica del token (moneda digital) en cuestión. De esta forma la criptomoneda se sigue emitiendo, en lugar de que sea una entidad financiera como un banco central que lo haga a discresión.

No obstante, para poder procesar estas transacciones es necesario adquirir y operar equipos especializados. Las máquinas comunmente usadas para minar bitcoin -el criptoactivo con más extensión a nivel mundial- pueden alcanzar precios de $2.500 o $3.000  y se requieren permisos especiales para importarlos al país.

*Lea también: Consecomercio aboga por aliviar el 7×7 para evitar colas y contagios

Problemas eléctricos

Otro aspecto a tener en cuenta para realizar esta actividad es el consumo energético, debido a que el suministro de electricidad en Venezuela es ineficiente y propicia constantes interrupciones que afectan la operatividad de las máquinas.

«La interrupción en el suministro eléctrico, es un factor que irumpe el “run time” y continuidad de las operaciones. La minería versa en colocar poder de computo a disposición de la red, y esto se logra a través de equipos especializados que consumen energía electrica. Sin ella, que es nuestro principal insumo, las tareas de minado se reducen a cero», declaró Garrido a Morocotacoin.

Una alternativa para solventar las interrupciones energéticas sería adquirir plantas eléctricas, pero se presentan dos barreras: el costo y la escasez de combustible para hacerlas operar.

«Actualmente realizar la inversión para la adquisición de plantas eléctricas económicamente no es factible. Sin embargo, si se dispone del recurso de la maquinaria (entiéndase tener una planta eléctrica), entonces los costos operativos serían solo por el suministro de combustible», señaló Garrido.

A los mineros de criptoactivos se les ha acusado de aportar su grano de arena a los problemas eléctricos del país, debido a que no existe suficiente capacidad de generación como para cubrir la demanda del país y además mantener a las diversas granjas de minado.

Garrido se defiende al asegurar que el problema de la electricidad no pasa por la capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional, que en realidad supuestamente cubre la demanda, sino que tiene problemas de distribución.

«La capacidad instalada del SEN posee por demás una capacidad de generación muy superior a la demanda actual, provocada básicamente por la baja o casi nula operatividad del sector industrial venezolano. Lo que ocurre a nivel de fallas no se debe al “alto consumo” que pueda generar la actividad minera, sino a las fallas en la red de distribución del SEN», dijo.

No obstante, la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos (Aviem) asegura que la generación está lejos de cubrir la demanda después de toda la capacidad que ha perdido. Casi el 90% de la energía que consume el país proviene de Guri, Macagua y Caruchi cuyas plantas hidroeléctricas tienen una capacidad instalada de 14.452 megavatios, pero que para mediados de octubre de 2019 solo tendría capacidad de generar 6.418 megavatios.

Por esta razón, no hay sificiente capacidad de generación local para cubrir la demanda, pese a que esta disminuyó más de 40% entre 2013 y 2019.

*Lea también: La economía de Venezuela es la menos competitiva del mundo por cuarto año consecutivo

Persecución policial

Otro problema que enfrentan los mineros es enfrentar a los cuerpos de seguridad del Estado. A pesar de que esta actividad es legal y que existe incluso un registro nacional de mineros, muchas granjas son visitadas por funcionarios que decomisan equipos y los devuelven tras recibir una «vacuna».

Aunque Garrido ha recibido en los últimos dos años un par de visitas de autoridades policiales, ha logrado salir airoso al contactar con la Superintendencia Nacional de Criptomonedas (Sunacrip). Otros no tienen la misma suerte. A lo largo de 2018 y 2019 surgieron diversos reportes de cuerpos policiales decomisando equipos y arrestando a mineros.

En Aragua, funcionarios de Poliaragua arrestaron en septiembre de 2019 a dos personas por movilizar equipos de minería, presuntamente sin autorización. Les incautaron máquinas Bitmain S9 y T10, así como fuentes de energía, cables y una camioneta.

Durante octubre de 2018 ocurrió un incidente similar las autoridades policiales del municipio Caroní, en Bolívar, incautaron 12 equipos de minería valorados en unos $6.000. Este suceso ocurrió 10 meses después de que fuese creado el registro de mineros digitales y se expidieran los respectivos certificados de minería.

https://twitter.com/VeBlockchain/status/1052706915157979139

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