Militares militantes, por Teodoro Petkoff
La doctora Rocío San Miguel, nuestra valiente colaboradora, formalizó ante la Fiscalía la denuncia sobre la militancia de varios altos oficiales de la FAN en el PSUV. Ella había hecho del conocimiento público tan ilegal e inconstitucional conducta, presentando los nombres y grados de tres de esos oficiales. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. No obstante, el señor José Vicente Rangel, embustero contumaz, sostuvo en su programa dominical que se trataba de una calumnia, y retomando el argumento de Carlos Escarrá, declaró que tal cosa era imposible «porque la Constitución lo prohíbe». De seguidas, con cara de piedra, dijo, con la mayor tranquilidad, que no se habían presentado pruebas de tal irregularidad.
Pero, precisamente, pruebas es lo que había dado Rocío San Miguel. Pruebas irrefutables y archipúblicas, nada menos que en un programa de televisión. Introdujo en la página web del Consejo Nacional Electoral, sección del Registro Electoral para las elecciones primarias del PSUV, los números de cédula de identidad de los generales de división Luis Alfonso Bohórquez Soto y Francisco José Ortega Castillo, comandantes del CORE 4 y el CORE 7 respectivamente, y del contralmirante Gilberto Pinto Blanco, de la Milicia Nacional Bolivariana.
Y, ¡oh sorpresa!, estos caballeros aparecieron inscritos en el partido de gobierno, contrariamente a la estúpida conseja de que «eso no podía ser porque la Constitución lo prohíbe». Sí, la Constitución prohíbe muchas cosas, pero, ¿de cuándo acá eso ha sido un obstáculo para Chacumbele? Adicionalmente, la doctora San Miguel dijo haber encontrado evidencias de la inscripción en el PSUV de unos 30 militares activos, de todo tipo de grados y jerarquías. Por si fuera necesaria una prueba más, el CNE retiró de su página web el listado de inscritos en el PSUV, de manera que nadie más pudiera verificar la denuncia.
Desaparecido el cuerpo del delito, Rangel puede continuar mintiendo a placer sobre la supuesta «falta de pruebas». Por supuesto que ya no las hay, porque los violadores de la Constitución y sus cómplices las borraron. ¿Tiene el CNE una explicación plausible para esta conducta tan obvia y crudamente cómplice de una actuación inconstitucional por parte de militares activos? ¿Abrirá la Fiscalía la averiguación solicitada por la doctora San Miguel? ¿Saldrán algún día esos dos generales y el contralmirante a dar la cara ante el país? ¿El minpopoDefensa no se siente obligado a dar una explicación ante tamaña irregularidad? La desnaturalización del rol fáctico y constitucional de la FAN marcha a paso redoblado.
A la FAN se la pretende amoldar al modelo castrense soviético y, por ende, cubano, de la institución militar como fuerza armada de partido, con sus oficiales mandatoriamente obligados a formar parte del partido de gobierno. Sin embargo, involuntariamente, tanto Escarrá como Rangel, empeñados en negar los hechos, han reafirmado que a los militares les está prohibida por la Constitución la militancia partidista. Es necesario, pues, hacer valer la norma constitucional.
