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Metiches, por Teodoro Petkoff



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Teodoro Petkoff | septiembre 5, 2001

En Conavi ni lavan ni prestan la batea


Subiendo por la quebrada de Catuche, ya bien arriba, se divisan tres edificios a medio terminar. Son el mudo testimonio de un esfuerzo comunitario llevado adelante por 640 familias que estuvieron en las márgenes de la quebrada. Después del desastre de diciembre de 1999 esas familias damnificadas decidieron tomar su destino por los cachos y en lugar de ponerse a esperar que Papá Gobierno resolviera, asumieron la rehabilitación de su barriada. Fue un notable caso de participación y protagonismo popular al cual las nuevas autoridades del Consejo Nacional de la Vivienda, están empeñadas en asfixiar.

La comunidad, con ayuda de especialistas en las áreas de urbanismo, geología, hidráulica, arquitectura y ambiente, elaboró un Plan Especial de Ordenamiento Urbano para el ámbito de la cuenca del Catuche. Aprovechando la solidaridad internacional posdeslave, consiguió donaciones para comprar los terrenos para las nuevas viviendas, en sitios técnicamente aptos, y firmó un convenio de administración delegada con el Conavi para construir 400 viviendas. El proyecto se venía ejecutando sin contratiempos hasta que en enero de este año fueron cambiadas las autoridades del Conavi. Las nuevas, con argumentos caprichosos y hasta de mala fe, han desconocido el convenio, han parado los desembolsos financieros y, lo que es peor, han dejado a los «dignificados» en la más indigna intemperie. La que apuntaba a ser una espléndida experiencia de participación comunitaria en la solución de sus propios problemas, se encuentra paralizada por la obtusa actitud del Conavi. Curiosamente, el año pasado la comunidad de Catuche participó, junto a un entusiasmado Hugo Chávez, que la puso como ejemplo, en un evento en el Hilton, precisamente sobre soluciones habitacionales dinamizadas por las propias comunidades. Pero en Conavi piensan distinto. Han interferido el desembolso de los dozavos, violando el convenio firmado, en un afán por desbancar a la comunidad de la dirección del proyecto y ponerlo en manos de la estólida e inútil burocracia oficial. ¿Resultado? Después de una inversión de 800 millones (de un gran total previsto de cinco millardos), las obras están paralizadas.

A lo largo de estos ocho meses la comunidad no ha cesado de presentar su caso ante todos los organismos públicos involucrados e incluso manifestó ante Miraflores. Nadie oye, nadie se da por enterado, Chávez está muy ocupado reorganizando el MVR y no ha tenido tiempo de releer el artículo 82 de la Bicha: «Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada… La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos». En Catuche, los ciudadanos y ciudadanas han querido compartir con el Estado la satisfacción del derecho a la vivienda, pero el Estado revolucionario se niega a compartir su propio protagonismo. O se hace como dice Conavi o no se hace. Pues bien, para hacer valer sus derechos, la gente de Catuche va hoy a los tribunales a solicitar un amparo (página 5). Pena debiera darle a Hugo que le exijan derechos constitucionales por vía judicial.

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