Megalupa, por Teodoro Petkoff
La decisión del CNE de invitar a la OEA y al Centro Carter para que participen como observadores en el proceso de verificación de las firmas reviste una importancia que difícilmente se podría exagerar. Da con esto el organismo una nueva demostración de su imparcialidad, reforzando su propia credibilidad al hacer posible que observadores independientes, no comprometidos con ninguna de las partes, puedan dar testimonio, en el propio sitio, del modo como se desarrollará el delicado conteo de las firmas y la comprobación de su legitimidad. Más aún, nos atrevemos a sugerir que el CNE estudie la posibilidad de solicitar también del Grupo de Amigos de Venezuela, coordinado por Brasil, el envío de una misión de observadores.
Se pueden comprender las razones que movieron al CNE a adoptar la medida que comentamos. A nadie puede escapar que los verificadores van a iniciar sus trabajos precedidos por las respectivas declaraciones de ambos «recolectores» de firmas en cuanto al número de ellas y, por añadidura, presionados por los estridentes gritos de «megafraude» que, aun antes de que terminara el reafirmazo, ya pronunciaban tanto el presidente como otros altos funcionarios del régimen. Estas son las cosas que van conformando las llamadas «matrices de opinión», es decir la mineralización de prejuicios en la opinión pública. Poca duda puede caber de que las respectivas bases populares del oficialismo y de la oposición creen, cada una, en la veracidad de las cifras presentadas tanto por el Comando Ayacucho como por la Coordinadora Democrática. Además, el gobierno ha puesto en marcha una campaña en regla para acuñar la idea del «megafraude».
No se trata sólo de sus dirigentes políticos y altos funcionarios declarando a través de todos los medios, sino también de sus articulistas de opinión manejando, en disciplinada aplicación de la «línea», los argumentos puestos en órbita desde el primer momento por el propio presidente de la República. (Por cierto, y como dato alentador, la oposición no ha hablado de fraude en relación con el firmazo del oficialismo.) En estas circunstancias, cabe imaginar que sólo un organismo dotado de una maciza autoridad y credibilidad puede anunciar resultados sin que se desaten todos los demonios. No es difícil suponer qué tipo de reacciones podrían producirse si un CNE débil y de dudosa imparcialidad pronunciara un veredicto que pudiera contradecir las matrices de opinión.
En este sentido, que el CNE blinde sus anuncios futuros sobre las firmas no sólo con la confianza de que hoy goza (y que debe continuar reforzando) sino también con el aval que pudieran darle los observadores independientes de la OEA y del Centro Carter, pudiera ser la clave de la tranquilidad ciudadana.
