Megaguiso, por Teodoro Petkoff
Malversación es el delito administrativo que consiste en utilizar, sin aprobación legislativa, el dinero de una partida presupuestaria para fines distintos al que estaba destinado. Por ejemplo, si en el presupuesto se aprueba una partida para construir una carretera y el dinero es gastado, sin solicitar la aprobación del Parlamento para ello, en pagar sueldos, se incurre en el delito de malversación. De esto fue acusado y por ello fue condenado Carlos Andrés Pérez. En su caso fueron 17 millones de bolívares los que utilizó de modo indebido.
Pues bien, ahora tenemos un caso de malversación que involucra la bicoca de 2,3 billones de bolívares. No nos alcanzaría la página para colocar los ceros de tamaña cantidad. Hace muchos meses la Asamblea Nacional aprobó dos créditos adicionales, por ese monto, dirigidos a la adquisición de los dólares que el Ejecutivo debía integrar al Fondo de Estabilización Macroeconómica (FIEM). Pdvsa vende al Banco Central los dólares que recibe por exportaciones de crudo (con los bolívares que obtiene paga sus gastos y cancela los impuestos al fisco) y aquellos billetes verdes van a las reservas internacionales. De acuerdo con la Ley del FIEM, si los precios del petróleo se colocan por encima de un cierto nivel, el excedente se ahorra en el Fondo, para los tiempos de vacas flacas. Para meter los dólares de ese excedente en el FIEM, el Gobierno los «compra» al Banco Central. Para eso eran los 2,3 billones de bolívares.
Pues bien, el Parlamento aprobó los créditos adicionales por ese monto pero el Gobierno no destinó el dinero a la adquisición de los dólares sino los gastó en vaya usted a saber qué. Por tanto, se violó la Ley del FIEM, porque no se ahorró lo que se debía, y se incurrió en el delito de malversación porque al dinero se le dio, sin conocimiento de la Asamblea, un uso distinto a aquel para el cual fue aprobado. Corrupción administrativa, pues. Megacorrupción: 2,3 billones de bolívares.
¿En qué se gastó ese dineral? No se sabe. Sin duda que una parte ha financiado gasto ordinario del Gobierno, pero también unos cuantos churupos pueden haber sido utilizados en kits revolucionarios para marchistas y en los «viáticos» de éstos, en pago de autobuses y busetas para transportarlos, en la gasolina de los aviones donde dice el general Pereira que viajaban los instructores de los círculos bolivarianos, en la adquisición de armas para los «héroes de la revolución»… en fin, en tantas y tantas cosas para las cuales la partida secreta no alcanza. Porque el gasto público conoció una expansión brutal en los dos años anteriores, pero es evidente que esos gastos sumergidos, los costos de la «revolución», han sido financiados, de un modo delictivo, con plata de todos los venezolanos.
CAP pagó tres años de cárcel por la malversación de unas verdaderas conchas de maní. ¿Quién responderá por esta gigantesca malversación? ¿No nos debe Chávez una explicación?
