Megaelecciones ocultan las intenciones económicas de Nicolás Maduro
Unas megaelecciones no son legales o legítimas, porque carecen de todo el ordenamiento jurídico vigente, afirma el doctor en Ciencias Políticas, Daniel Varnagy
Autor: Luisa Quintero
La primera propuesta surgió del “constituyente” Diosdado Cabello el 21 de abril. La idea era unir las elecciones presidenciales junto a la elección de diputados a la Asamblea Nacional el 22 de abril.
Un día después, el mandatario Nicolás Maduro agregaba nuevos cargos a la contienda electoral, y sumó la escogencia de los consejos legislativos y municipales para esa fecha, asegurando que la oposición venezolana pretende llegar a la Presidencia sin haberse presentado en comicios.
Hace falta una Nueva Asamblea Nacional que represente a todo el país. Proponemos elecciones, y que además se sumen los consejos legislativos estatales y los concejos municipales. Así despejamos 4 años para dedicarnos a trabajar exclusivamente por la prosperidad del país. pic.twitter.com/cxCUttBw4S
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 21, 2018
El 23 de febrero y en compañía de Delcy Rodríguez, la rectora Tibisay Lucena zanjó el dilema electoral:
“No estamos en capacidad técnica de realizar todas las elecciones juntas. El 22 de abril se realizará solo la elección presidencial. Pero estamos estudiando otras fechas para llevar a cabo los demás procesos como las elecciones parlamentarias, de consejos legislativos y de los concejos municipales”.
Para el politólogo y profesor universitario, Ricardo Sucre Heredia, la idea de unas megaelecciones era «cuesta arriba» debido a los lapsos que se deben cumplir por las auditorías previstas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
«La preocupación del Gobierno es que se quiere lograr, de alguna manera, colocar a los poderes públicos en un mismo lapso de tiempo. ¿Para qué? Para que en los próximos cuatro años no tengas que realizar ninguna elección, lo que permite estabilidad política», asevera Sucre Heredia.
Por su parte el doctor en Ciencias Políticas, Daniel Varnagy, menciona que en este caso, la legalidad y legitimidad en estos comicios están comprometidos. «Unas megaelecciones no son legales o legítimas, porque carecen de todo el ordenamiento jurídico vigente que se convoque a una elección para elegir integrantes de un poder Público en ejercicio, lo hagan bien o no».
Esta decisión del Gobierno dejaría a los ciudadanos sin participación electoral hasta 2021, precisamente luego de la toma de posesión y juramentación de los parlamentarios escogidos después de que finalice el mandato de la actual Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Además, Sucre señala que también debe tomarse en cuenta si la nueva Constitución prevé alguna modificación en los lapsos de los poderes públicos, «a lo mejor colocan nuevamente como en la Constitución del 61, que todos se eligen al mismo tiempo».
La economía es el fondo
A juicio de Ricardo Sucre, la decisión del Gobierno de realizar unas megaelecciones corresponde a la búsqueda de un ajuste económico o va a tomar medidas económicas. «No sé si serán más radicales o reformistas, pero necesitan estabilidad política, lo que supone que no haya procesos electorales durante un tiempo».
En esta idea coincide el politólogo Varnagy, pues en el ordenamiento jurídico se establece que los créditos y préstamos internacionales deben ser aprobados por la Asamblea Nacional. «Lo que en este momento tiene el Gobierno es una asamblea espuria para solicitar créditos, porque es una Asamblea Constituyente y no puede solicitar financiamiento para un poder constituido».
El tema de las elecciones de la Asamblea Nacional no es un capricho, recalca Varnagy, «es surgir nuevamente con financiamiento internacional, a pesar de que ese financiamiento debería ser solicitado a las naciones amigas de Venezuela, que son cada vez menos. Solamente Rusia, China, Irán y algunos países árabes».
Justamente, la junta directiva de la Asamblea Nacional (encabezada por Omar Barboza), en comunicado difundido el 22 de abril asegura que esa “megaelección” busca evadir el control de la Administración Pública que le corresponde al poder Legislativo, lo que garantizaría “la impunidad de quienes se han apropiado delincuencialmente del dinero público”.
¿Credibilidad? Hay que ver…
Ambos especialistas coinciden en que la credibilidad del Gobierno ante la comunidad internacional está desgastada, debido a las decisiones de Maduro que han vulnerado la democracia y el estado de Derecho en el país.
Independientemente que tengan una institución más o no a su servicio, todos los poderes públicos están subsumidos a la voluntad del Gobierno, afirma Daniel Varnagy. «Es permitir mostrarle ‘supuestamente’ al mundo que aquí hay elecciones, hay democracia donde hay independencia de poderes, y donde un ‘poder independiente’ puede solicitar préstamos internacionales».
Pero Sucre va más allá y estima que debe tomarse en cuenta la opinión del ciudadano de a pie: «Twitter no es Venezuela. Habría que ver cómo lo toma el ciudadano promedio, pues pareciera que el ciudadano quiere participar en las elecciones del 22 de abril».
Además, los politólogos señalan que el problema para el Gobierno no es la reputación sino mantener la revolución bolivariana, tal como lo asomó Diosdado Cabello.
«Ese es el objetivo estratégico. El otro punto es si los venezolanos participan en esa elección, porque el Gobierno puede estimar que le interesa más la participación popular que la opinión internacional», dice Sucre Heredia, mientras que Varnagy refiere que la estrategia del Gobierno es que «están tratando de cambiar todo para que permanezca igual».
Hay que tratar de ver la lógica del Gobierno en su propia estrategia, no es la visión de la oposición, recomienda Sucre. «El objetivo es consolidar la hegemonía y su estructura de poder, para los chavistas descontentos se crea Somos Venezuela y cualquier otro movimiento».
Consolidar fuerzas
Daniel Varnagy, profesor de la Universidad Simón Bolívar, recuerda que la oposición está fracturada con un sector de los políticos tradicionales bajo un liderazgo «nuevo», mientras que existe el sector radical que busca posicionarse.
«Mientras estén los partidos que han fracasado en negociaciones, aunque se cambien el nombre de MUD a Frente Amplio, si tienen las mismas intenciones, no van a llegar a nada», enfatiza Varnagy.
A juicio del profesor de la USB, debería escucharse al liderazgo que es radical dentro de la oposición pero que tenga un plan concreto porque hay liderazgos que no tienen propuestas reales sino deseos. «No va a ocurrir un cambio de panorama sin un cambio de criterios».
Para Ricardo Sucre, la opción opositora debería haber sido la asistencia a los comicios. «Ahora, luego del comunicado de la Mesa, deben plantearse unos plazos para construirse de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo como lo han venido haciendo».
Esa construcción de fuerzas pasa por la consolidación del Frente Amplio Nacional, una idea que ha surgido desde 2017 en el seno de la Mesa de la Unidad.
El politólogo Sucre añade que hace falta trabajar de forma concreta en ese punto, pues «nadie propone el cómo. Lo que hace falta es articular con la sociedad, y la mejor manera de lograrlo son las elecciones. La oposición nunca se preparó para esto, porque otra manera de articularse con la sociedad era la Asamblea Nacional, pero se perdieron tiempo en objetivos inmediatistas para salir del Gobierno que no funcionaron, y no se metieron con los problemas de la gente».
De haberse logrado articular con la sociedad, Sucre opina que en estos momentos la MUD podría contar con una masa poblacional que se movilizara para solicitar las garantías electorales que hacen falta. «Deben sentarse a trabajar contrarreloj, pero sino logran articular como es, ese Frente Amplio queda como cualquier otra propuesta que hayan hecho».
