Más de 400 ONG y sectores de la sociedad civil exigen liberación de Rocío San Miguel
Además de la hija de Rocío San Miguel, otros cuatro familiares también están desaparecidos desde la detención de la defensora en el aeropuerto de Maiquetía. Más de 200 ONG señalaron que la actuación de los agentes del Estado contra la activista viola disposiciones internacionales contra la desaparición forzada
415 oenegés y representantes de la sociedad civil exigieron la liberación inmediata y respeto a la integridad física y psicológica de la abogada Rocío San Miguel, quien en la tarde de este lunes 12 de febrero cumple 60 horas desaparecida forzosamente. También exhortaron a las distintas instancias de la ONU, al Sistema Internacional de Derechos Humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a denunciar esta grave violación a los DDHH.
Las organizaciones y sectores civiles firmaron un comunicado conjunto en el que reprocharon que ni agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ni del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) han informado sobre el paradero de la defensora de derechos humanos, su estado de salud física y vida.
«Exigimos a las distintas instancias de las Naciones Unidas, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pronunciarse firmemente por la liberación inmediata de Rocío San Miguel», se lee en el documento.
La especialista en temas militares y seguridad nacional, detenida arbitrariamente el 9 de febrero, fue señalada por el fiscal Tarek William Saab de estar presuntamente vinculada con el caso «Brazalete blanco», una de las cinco conspiraciones bajo actual investigación por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Su detención, de acuerdo con las ONG y los actores de la sociedad civil firmantes, se enmarca en las políticas del gobierno venezolano de persecución y criminalización de la labor de activistas sociales y del cierre del espacio cívico en Venezuela. Ambas políticas, indicaron, se basan en la consideración del rol de defensores de derechos humanos como «enemigos internos» y presuntos ejecutores de «supuestas conspiraciones e intentos de ‘magnicidios'».
«Este gravísimo hecho contra Rocío San Miguel viola disposiciones internacionales contra la desaparición forzada, así como el deber de los Estados de no practicarla, permitirla ni tolerarla (…) en Venezuela las desapariciones tienen temporalidades de extrema vulnerabilidad para las víctimas, proclives a la tortura para la obtención de declaraciones contra sí mismas, además de representar violaciones gravísimas a los derechos humanos, contrarias a los compromisos del Estado con estándares internacionales y a la Constitución», dice la comunicación compartida este lunes.
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La abogada San Miguel, también presidenta de la oenegé Control Ciudadano, fue detenida en el aeropuerto internacional Simón Bolívar al momento en que iba a viajar con su hija Miranda Díaz San Miguel. Esta última también está desaparecida, según denunció la mañana de este lunes Juan González Taguaruco, abogado de la experta en temas militares.
En principio fue ella (Miranda) quien notificó vía telefónica sobre el arresto de la activista, pero después dejó de responder mensajes.
«A las 5:00 pm del 11 de febrero, el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, reconoció, a través de su cuenta de X, la detención de la defensora, alegando una supuesta orden de aprehensión por estar presuntamente vinculada a tramas conspirativas. Sin embargo, se desconoce aún su paradero, el cuerpo de seguridad a cargo, ni se ha podido constatar su estado de salud física e
integridad», se menciona en el texto.
Además de la hija de San Miguel, otros cuatro familiares también están desaparecidos: Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano); Alberto San Miguel Quigosos (hermano); Victor Díaz Paruta (padre de Miranda San Miguel); Alejandro González Canales (Familiar).
El patrón sistemático de desaparición forzada a corto plazo en Venezuela ha sido documentado por órganos de Naciones Unidas y denunciado ante el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Se arrestan a opositores políticos o personas percibidas como tales y a sus propios familiares.
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