Más de 300 presos inician huelga de hambre en Tocuyito y denuncian torturas
Los presos que iniciaron la huelga de hambre exigen ser trasladados a sus penales de origen. El Observatorio Venezolano de Prisiones también denunció la muerte de un joven por falta de atención médica y Clippve documenta al menos 90 centros de tortura y más de 900 detenidos por razones políticas en el país
Familiares de privados de libertad recluidos en el Internado Judicial de Tocuyito, actualmente conocido como Sesma Tocuyito, en el estado Carabobo, denunciaron este viernes 13 de febrero que más de 300 presos iniciaron una huelga de hambre como medida de protesta contra presuntas torturas físicas y psicológicas a las que aseguran son sometidos diariamente.
Según reportes difundidos por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los reclusos protestan negándose voluntariamente a recibir alimentos desde primeras horas de la mañana tras cantar el Himno Nacional. Familiares señalan que fueron sacados de sus celdas y trasladados a la cancha, donde permanecen expuestos bajo el sol. Las familias pueden escuchar sus gritos y dicen que con ellos comprueban los malos tratos por parte de los custodios del penal.
El OVP ha advertido que Tocuyito se ha convertido en un penal de castigo, utilizado para alojar a presos trasladados desde distintas ciudades del país con la promesa de que en seis meses serían devueltos a sus centros de origen. Sin embargo, familiares aseguran que muchos llevan más de ocho meses sin retorno ni explicación oficial.
La protesta en Tocuyito pone de manifiesto una vez más la profunda crisis humanitaria en el sistema penitenciario venezolano, caracterizada por condiciones de hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y graves violaciones a los derechos humanos, según organizaciones independientes.
En ese sentido, el OVP exige el cese inmediato de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el retorno de los internos a sus penales de origen y la intervención de organismos internacionales.
Muerte en prisión
El miércoles 11 de febrero, Edicson Gabriel Gil Pimentel, de 26 años, falleció en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara, debido a una infección intestinal que, en circunstancias normales, podría haberse evitado con atención médica oportuna y especializada.
Familiares y defensores de derechos humanos señalaron que la falta de asistencia sanitaria básica, en un contexto marcado por hambre, desnutrición y ausencia de agua potable, condenó a Gil Pimentel a la muerte dentro de un centro bajo custodia estatal.
Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones documentan desde hace años que en las cárceles venezolanas no existe un menú que cumpla con las ingestas calóricas mínimas, afirman que la dieta se basa en harinas y granos sin proteínas, y que el suministro de agua potable es insuficiente, condiciones que, sumadas a la negligencia médica, hacen comunes las complicaciones de salud entre la población reclusa.
Cierre de centros de tortura
Por otra parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) ha denunciado que en Venezuela existen al menos 90 centros donde se practica tortura y que hay más de 900 personas detenidas injustamente por razones políticas, muchas de ellas en condiciones de incomunicación o tratos crueles.
Esta organización, dedicada a la defensa de quienes consideran presos de conciencia, hace un llamado contundente: que se cierren todos los centros de tortura y que se liberen a todos los presos políticos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el pasado 8 de enero que se daría «un número importante» de excarcelaciones de presos políticos. Luego, Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo, anunció una ley de amnistía para beneficiar a detenidos entre los años 1999 y enero de este 2026.
Aunque la ley se mantiene en discución en el Parlamento, algunas personas ya han sido excarceladas. Las autoridades nacionales dicen que más de 800 presos han sido liberados, pero las ONG han logrado comprobar poco más de 400 casos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
