Los delitos contra las mujeres se usan como comodín para «armar casos» políticos
Menos de 1% de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial los de índole sexual, llegan a juicio. Aunque es uno de los delitos más denunciados también es el de mayor impunidad
Más de un mes le tomó reaccionar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Maikel Moreno, para hacer público que dentro del seno de la máxima institución judicial del país uno de sus magistrados, Christian Tyrone Zerpa, había sido denunciado por varias trabajadoras porque presuntamente había incurrido reiteradas veces en los delitos de acoso sexual y actos lascivos.
La alta directiva del TSJ, entre ellos una de las vecinas de despacho de Zerpa, la magistrada Francia Coello, coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género estaban al tanto de las denuncias desde hace por lo menos un mes y medio, según se lee en el comunicado oficial que publicó el TSJ: «el exmagistrado Christian Tyrone Zerpa era investigado desde el 23 de noviembre del 2018, fecha en la que fue remitido su expediente al Consejo Moral Republicano, como consecuencia de las reiteradas denuncias que funcionarias de su despacho habían formulado contra él, por conductas indecorosas e inmorales en detrimento de un grupo de mujeres que hacían vida laboral en su despacho, muchas de las cuales presentaron sus renuncias o debieron ser reubicadas en otras áreas de la Institución, ante su aberrante conducta, que solo puede obtener el desprecio y rechazo de la sociedad».
El detonante para la airada reacción de Moreno fue, que 24 horas antes durante una rueda de prensa que realizó en Orlando, Florida, el magistrado desertor Christian Zerpa reveló una serie de informaciones relacionadas con actos de corrupción que -según aseguró- están ocurriendo dentro del TSJ y en los que han participado funcionarios del alto gobierno.
De las denuncias de corrupción no se habló. Solo se explica que Zerpa huyó porque había una investigación en su contra relacionada con delitos sexuales. Y hasta allí. Moreno no especificó el estatus de la investigación, ni de cuántas víctimas se trataba, ni durante cuánto tiempo estuvo ocurriendo esta situación.
Pero el comunicado del TSJ reconoce que las denuncias de acoso tenían que ser de larga data porque señala que las víctimas se habían visto obligadas a renunciar y que, en lugar de remover al magistrado de su cargo, quienes fueron cambiadas de departamento fueron precisamente las afectadas.
Magdymar León, psicóloga social y coordinadora general de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), explica que los casos de acoso, abuso o violencia sexual por sus características no son delitos fácilmente denunciables porque «usualmente esto opera en contra de la víctima; se cuestiona su sexualidad, su dignidad como mujer, su profesionalismo y eso las inhibe, así que una denuncia de este tipo no se hace a la ligera».
Por eso advierte que considera preocupante un reciente patrón que se ha observado dentro del contexto político: el uso de denuncias sobre violencia sexual como «un comodín para armar casos con estos delitos a conveniencia política».
«Desconocemos si en el caso del magistrado se llevó a cabo una investigación completa porque esto requiere muchísimos elementos de prueba. No es cierto que sea suficiente la declaración de la víctima. Pero si fue así ¿por qué solo se hizo público cuando el magistrado desertó y ya no les era simpático? ¿antes silenciaron las denuncias y lo alcahuetearon?», cuestiona la psicóloga social.
Mancha reputación
La relación de los casos de violencia sexual como mecanismo de chantaje o para «manchar la reputación» de alguien con fines políticos está largamente documentada en la historia. Hay una extensa literatura sobre cómo durante los 30 años de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, en República Dominicana, se exponía al escarnio público a enemigos políticos a través de expedientes en el que eran acusados de violación o lo que era calificado como sodomía (un término religioso para denominar la homosexualidad).
«Esto crea un efecto contraproducente para las víctimas de violencia porque en el imaginario colectivo se cree que cuando se hace público es porque ‘le montaron el caso’ para dañarlo políticamente y siembran la duda de si hubo delito», explica León.
En 2006 Nixon Moreno era dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA) y durante unas protestas ocurridas en Mérida, fue acusado del intento de violación de una funcionaria policial, quien lo identificó como su agresor. Pero una investigación llevada a cabo por una comisión de la Asamblea Nacional -y no por el Ministerio Público que era lo correspondiente- encontró imágenes captadas por cámaras de televisión que muestran que a la hora de los eventos denunciados por la funcionaria, Moreno estaba en una clínica en otro punto de la ciudad porque tenía una herida en la cara causada por un perdigón.
La orden de captura contra Moreno fue por el delito de intento de violación pero como ocurrió en un contexto de confrontación política, el exdirigente evadió su captura pidiendo asilo político y se fue a Perú, por lo que -en caso de ser demostrada la culpabilidad de Moreno- la funcionaria policial ni siquiera pudo completar el proceso de justicia que requería su caso.
La coordinadora de Avesa hace énfasis en la cantidad de pruebas y elementos que normalmente se requieren cuando una mujer decide presentar una denuncia porque ha sido víctima de violencia sexual.
«Estos casos no se hacen públicos para hacer justicia a las víctimas sino para dañar una reputación. Eso es pésimo porque estos delitos son vistos como comodines, como si fueran de fácil manejo y eso le hace un profundo daño a las mujeres. No es cierto que si nos da la gana metemos a los hombres presos con una acusación de este tipo, más bien es todo lo contrario y los datos lo demuestran», agrega la coordinadora de Avesa.
En el Informe Mujeres al límite 2017 basado en los informes de gestión del Ministerio Público: «el número de denuncias por violencia contra las mujeres entre los años 2011 y 2014 oscilan entre 70 y 80 mil denuncias anuales, que representan entre 12 y 13% del total recibido para cada año, un promedio de 200 denuncias diarias en todo el territorio nacional», que los ubica entre los más denunciados.
Pero al revisar el total de denuncias de estos mismos años con el número de imputaciones y juicios «se evidencia que el número de casos imputados oscila entre 10 y 16% mientras que los juicios están entre un 0,48 y un 0,79% del total de denuncias recibidas. El número de mujeres víctimas de violencia que logran llegar a juicio es mínimo y reina la impunidad en más del 99% de los casos denunciados».
Magistrado bueno, magistrado malo
Además del alto nivel de impunidad que caracteriza a las denuncias en casos de violencia contra las mujeres, la omisión y falta de acciones cuando se trata de personalidades públicas o en cargos de poder es aún más grave.
Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, destaca el doble discurso que demuestra la directiva del TSJ en torno a la violencia de género. Lo ejemplifica con el caso del magistrado de la Sala de Casación Social, Edgar Gavidia Rodríguez, quien fue señalado de atentar contra la vida de su esposa Francis Flores, en un hecho reseñado por la prensa nacional en febrero de 2018.
6) Tras el hecho, la familia la mantiene segura en un centro clínico y esperan por la intervención quirúrgica en su pierna. Dijeron que querían denunciar el hecho, pues no es la primera vez que el magistrado la agredía.
— DeivisRamírezMiranda (@deivisramirez) February 20, 2018
Gavidia Rodríguez, presuntamente bajo los efectos del alcohol y las drogas, le disparó a su esposa en medio de una discusión y la herida le fracturó el fémur izquierdo. Luego del hecho ocurrido en el estacionamiento de una urbanización privada en Lechería, estado Anzoátegui, hubo declaraciones de testigos que señalaban que Gavidia dejó a la mujer herida y se fue a Caracas, previas amenazas contra los testigos para que declararan que lo ocurrido había sido a causa de un robo.
En el caso documentado por Acceso a la Justicia, el magistrado no fue detenido, ni investigado, ni tampoco la Sala Plena del alto tribunal inició el antejuicio de mérito correspondiente.
Edgar Gavidia es magistrado de la Sala de Casación Social y según nuestro estudio del perfil de magistrados del TSJ, cumple con los requisitos mínimos legales para ser magistrado, lo que en el TSJ es algo excepcional https://t.co/b0TEvsetQD #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) February 20, 2018
Louza señala que hasta la fecha el TSJ no ha hecho nada en relación a las denuncias contra Gavidia, ya que no fue destituido ni suspendido de su cargo, según lo establecido en los artículos 32 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.
La máxima instancia judicial del país parece que desconoce que la institución tiene responsabilidades por omisión, según lo establece la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en el artículo 59, que obliga a cualquier organismo responsable a aplicar correctivos cuando existan denuncias de que dentro del entorno laboral se han presentado denuncias de violencia sexual: «Toda autoridad jerárquica en centros de empleo, de educación o de cualquier otra índole, que en conocimiento de hechos de acoso sexual por parte de las personas que estén bajo su responsabilidad, no ejecute acciones adecuadas para corregir la situación y prevenir su repetición, será sancionada con multa de cincuenta (50 U.T.) a cien unidades tributarias (100 U.T.)»
El artículo especifica que «el órgano jurisdiccional especializado competente estimará a los efectos de la imposición de la multa, la gravedad de los hechos y la diligencia que se ponga en la corrección de los mismos», por lo que el mismo TSJ tendría que autoimponerse una multa como sanción porque dentro de la institución ocurren hechos que ligeramente han denominado «conducta inapropiada», cuando su verdadero nombre es delito.
