Los asesinatos de Fuerte Tiuna, por Simón Boccanegra
En el episodio de Fuerte Tiuna hay una cosa que, de entrada, llama la atención. Está claro que se trata de un crimen común, de varios más de los miles de homicidios que se cometen anualmente en este país y que la investigación de los hechos compete a la Fiscalía y al Cicpc tal como ha ocurrido, por lo demás. Pero, en fin de cuentas, el doble homicidio fue cometido dentro de una instalación castrense, y no una cualquiera, sino la más importante del país, Fuerte Tiuna, donde se encuentran la sede del Ministerio de la Defensa y de la Comandancia General del Ejército, amén del batallón de tanques Ayala y de quién sabe qué otras estructuras militares. ¿No habría sido lógico que el ministro de la Defensa y/o el comandante del Ejército se hubieran dirigido al país para proporcionar una información oficial de los hechos? ¿No es, acaso, un asunto que les atañe directamente? Para el día de hoy circulan las más variadas versiones sobre las posibles razones que empujaron al soldado a actuar del modo salvaje como lo hizo, y una de ellas es atinente a un tema del cual ya nos hemos ocupado en otras ocasiones: el de los castigos impuestos por los superiores a los subalternos, en particular, por los oficiales a los clases y soldados. ¿No deberían el ministro y/o el comandante del Ejército explicar qué puede haber de cierto en la especie de que la reacción del asesino, injustificable, ciertamente, se produjo a raíz de un castigo impuesto al soldado por su superior? El Reglamento de Castigos Disciplinarios número 6 data de los tiempos de Pérez Jiménez y, por increíble que parezca, ese instrumento brutal nunca ha sido ni derogado ni reformado. ¿No es hora ya de actuar sobre este instrumento punitivo, para modernizarlo? Varias víctimas ha cobrado ya.
