Los ángeles de Chávez, por Teodoro Petkoff
A medida que se acerca la fecha en la cual el presidente llegará a la mitad de su mandato, el régimen arrecia su ofensiva político-psicológica contra la posibilidad de que sea convocado un RR. El fin de semana se concertaron Ameliach, Diosdado y el inefable general García Carneiro para continuar colocando piedras en el camino de la celebración de esa consulta popular.
La filosofía de esta conducta la estableció Cabello:
“Estamos obligados y tenemos todo el derecho, a buscar las vías para evitar que ocurra ese referendo” (El Universal, ayer domingo). De manera, pues, que según este caballero, el ejercicio de un derecho constitucional podría ser evitado por el gobierno. Esto es un disparate.
Por supuesto que ni este ni ningún gobierno tiene porqué promover un referendo revocatorio.
Ese es un derecho cuyo ejercicio corresponde a los opositores de este o de cualquier gobierno.
Pero existiendo el derecho constitucional a solicitar un RR, el gobierno está obligado a garantizar su ejercicio y no a evitarlo. Se entiende que la convocatoria del acto tiene que cumplir escrupulosamente todos los extremos constitucionales y legales para ello, sobre todo en el caso de la revocatoria del mandato presidencial porque este asunto no puede ser un relajo. Pero sobre esos extremos legales y constitucionales deciden los organismos jurisdiccionales (CNE y TSJ) y no el gobierno. Sus representantes pueden, desde luego, apelar a las vías legales para que tales extremos sean cubiertos, pero no para evitar la convocatoria sino para asegurar que siendo ella perfectamente legal y legítima, el evento pueda tener lugar.
A Diosdado lo traicionó el subconsciente. El gobierno, en verdad, lo que se propone es impedir el RR. Para ello, el primer paso es torpedear o retardar lo más posible la designación del CNE. La AN llegó a un punto muerto en esta materia y nada permite prever la ruptura del impasse, aunque ello sería muy deseable.
Abierta, sin embargo, la posibilidad de que el TSJ cubra esta omisión de las responsabilidades de la AN, su presidente, Francisco Ameliach, amenaza con destituir a los magistrados si lo hacen. O sea, ni lava ni presta la batea.
Sin embargo, como las de Diosdado, estas son palabras para asustar incautos. La Asamblea no está en condiciones de destituir a ningún magistrado porque para ello son necesarias dos terceras partes de los votos del cuerpo.
Como es sobradamente sabido, el gobierno escasamente llega a la mitad de ellos, de manera que no hay modo alguno de que las amenazas de Ameliach se puedan materializar. Pero el mero hecho de que las profiera ya habla de la propensión a la arbitrariedad y al atropello.
Propensión completada en el round del weekend por el general García Carneiro, quien con la mayor desfachatez se puso a opinar sobre asuntos políticos que no son de incumbencia. No le está permitido a este oficial activo pronunciarse sobre temas de naturaleza política y mucho menos sobre el del RR. Desde luego, no corre ningún peligro de ser sometido a consejo de investigación. Tanto el teniente y el mayor retirados como el general, aparecieron concertados en un mismo propósito: tratar de que la oposición coma casquillos.
