«Loco con un cañón», por Teodoro Petkoff
Si diéramos por válidas las razones que esgrime el gobierno para liquidar a Globovisión, tendríamos que preguntarnos qué tipo de sanción le cabría al canal 8 e incluso al propio presidente de la República, principal actor mediático del país, por sus continuas violaciones a la Constitución, a la Ley Resorte y al Código Penal.
Cuando el presidente de la República irrumpe en la televisión encadenada y vocifera, a todo gañote, que su derrota en la votación para la reforma constitucional fue una «victoria de mierda» de la oposición, no se puede decir que estaba haciendo propiamente una égloga al amor. Cuando el mismo personaje, desencajado, cubría de insultos a Manuel Rosales, en cadena de televisión, calificándolo de «desgraciado», «ladrón» y otros tiernos términos, amén de anunciarle su decisión de meterlo preso, no era propiamente un canto de amor el que entonaba.
En puridad, se trataba de una clara incitación al odio, absolutamente tipificada en la Ley Resorte. Cuando Chacumbele denomina a sus adversarios como «pitiyanquis», «lacayos del imperio», «oligarcas» y, ahora –después que sus tardías lecturas marxistas le hicieron descubrir la palabra–, «burgueses», dando a cada una de ellas una entonación que más despectiva no puede ser, ¿está, por ventura, aplicando el precepto de Cristo: «Amaos los unos a los otros»? No pretendemos, en absoluto, negar que el Presidente también recibe lo suyo en algunos medios.
En fin de cuentas, donde las dan las toman. Porque tampoco puede negarse que si a alguien puede acusarse de principal propiciador de este aire viciado que respiramos hoy es al propio presidente de la República. Lo ha hecho a conciencia, porque es parte de su concepción política.
Él lee el apotegma de Clausewitz al revés: la política es la continuación de la guerra por otros medios.
Por eso, desde el comienzo, a sus adversarios políticos los denominó «enemigos» (y al enemigo se le aniquila, según la lógica militar) y para ellos fueron creadas las más insultantes denominaciones, comenzando por aquella de «escuálidos». ¿Quién si no Hugo Chávez se la pasa profetizando «guerra», en clara contravención de la Constitución, que prohíbe la propaganda de guerra? ¿Y el canal del Estado? En el Código Penal no existe sanción posible para algunos de sus programas, desde los cuales ofician sujetos que dan rienda suelta a sus frustraciones personales y sus complejos, así como a su irrefrenable vocación para arrastrarse ante los poderosos, guapos cuando se sienten apoyados, y que convierten esas horas de televisión que manejan en verdaderos desaguaderos de aguas negras.
Algunos de esos programas reciben de vez en cuando la bendición de su principal patrocinador, el jefe del Estado, quien no tiene pudor alguno en compartir con esa canalla uno que otro diálogo telefónico. ¿Cómo puede un gobierno que no sólo tolera sino que auspicia ese uso del canal estatal, sancionar a nadie por supuestas violaciones a la Ley Resorte? ¿Quién, en verdad, es «el loco con un cañón»?
