Ortega: OEA tiene aval suficiente para respaldar informe por delitos de lesa humanidad
Liliana Ortega, presidenta de Cofavic, asegura que la OEA tiene la suficiente credibilidad para elaborar un informe en materia de DDHH como el emitido en días pasados, en el que especifica que, en efecto, el gobierno venezolano ha incurrido en delitos de lesa humanidad
Luego de que fuera publicado el informe de la Organización de Estados Americanos con información que evidencia que en Venezuela sí se han cometido crímenes de lesa humanidad, mientras que las autoridades de nuestro país intentan deslegitimar la credibilidad del organismo multilateral americano, hace que el ciudadano común se pregunte ¿cuál es la credibilidad de la OEA para hacer esto?
La presidenta del Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo, Cofavic, Liliana Ortega, aseguró que el ente hemisférico tiene aval importante para emitir este tipo de informes y recomendaciones en varios aspectos. Uno de ellos es que está conformado por estados voluntarios, es decir, que los países que se encuentran dentro de esa organización no están obligados a estar ahí. «Todo lo que allí se ha acordado y lo que les une es porque los estados lo han discutido en la Asamblea General de la OEA y voluntariamente están ahí, como es el caso de las Naciones Unidas».
Junto a esto, subrayó que «tiene estos organismos que son la joya de la corona»: la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que según su opinión han sido fundamentales para la reconstrucción de la democracia en América Latina, así como en la resolución de conflictos y en problemas como la impunidad, del perdón o del olvido, además que dijo que estas instancias son las que les han dado voz a las víctimas, por ejemplo, del mismo «Caracazo», en el caso Venezuela.
También ha impulsado «todo un compendio de normas y de estándares doctrinales y fundamentales de Derechos Humanos que no existía y se ha convertido en uno de los más avanzados del mundo. Sin duda la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana son quienes han allanado el camino en materia de estándares progresistas para la protección de los Derechos Humanos en los últimos años».
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A pesar de que el gobierno venezolano ha enfatizado su deseo de retirarse de la OEA -proceso que duraría al menos dos años- Liliana Ortega resaltó que el tema de los DDHH no dependen de la voluntad de un estado de permanecer o no dentro de un sistema, «sino que trasciende esos límites de soberanía o intereses nacionales», por lo que en ese sentido, los organismos internacionales «continúan teniendo una enorme importancia en relevar la situación de los DDHH en los países».
Subrayó que el informe, publicado el pasado 29 de mayo, fue elaborado por ese panel de expertos que recomiendan esas acciones, pero la OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pero sí puede hacerlo cualquiera de los estados miembro del organismo panamericano que han suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
Venezuela es uno de los 28 países del ente hemisférico que han ratificado el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo que permitió la creación de la Corte Penal Internacional en 2002
De acuerdo a la agencia Efe, si ningún país denunciara al gobierno de Venezuela -hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo-, Luis Almagro podría enviar a título personal la información a la Corte Penal Internacional.
La diferencia radica en que si un Estado inicia el proceso legal ante la CPI, la Oficina del Fiscal debe abrir una investigación de manera automática; mientras que, si lo hace un individuo (en este caso Almagro), la Fiscalía debe recibir la autorización previa de un grupo de jueces.
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Sin embargo, los funcionarios más relevantes que participaron de forma activa en la elaboración de este informe como Santiago Cantón, Irwin Cotler y Manuel Ventura, a juicio de la presidenta de Cofavic, «son personas muy conocidas en el ámbito internacional» y que todos refrendan su labor en este informe.*
Liliana Ortega recordó que lo que existe hasta el momento es una recolección de datos contra el Estado venezolano y no un caso per se abierto en la instancia internacional, por lo que «una vez que esto esté en el radar del Estatuto de Roma se va a profundizar la tensión de cuáles son los mecanismos para ser justiciables estos crímenes», es decir, cómo funciona la administración de justicia en Venezuela o cómo se llevan a cabo las líneas de investigación.
Advirtió que el proceso ante la CPI es un proceso delicado debido a que se habla de crímenes de lesa humanidad, por lo que dijo que mucha gente tiende a minimizar el hecho como si fuera una noticia «y que al día siguiente tiene la sentencia».
«Son sistemas rigurosos, procedimientos jurídicos muy importantes con casos de argumentación sólida para que prospere. Un recorrido denso, argumentado, no se hace de la noche a la mañana».
¿Tienen credenciales los expertos que participaron en el informe de la OEA?
