Lanza tu ley ya, por Teodoro Petkoff
La situación en el campo se está tornando ingobernable. La razón de ello es una sola: la incertidumbre generalizada. Nadie sabe a qué atenerse respecto de las intenciones del gobierno. Ni los llamados productores, ni los campesinos. Puesto que ni unos ni otros saben exactamente qué piensa el gobierno, en este país donde la Reforma Agraria de 1961 sólo resolvió parcialmente el problema agrario y este quedó pendiente, unos y otros, con toda razón, reclaman derechos que creen tener. En ausencia de un Estado que dirima los conflictos agrarios mediante la ley, cada quien decide aplicar su propia ley. Los desposeídos invaden y los productores se atrincheran y se arman. Esto sin hablar de los pescadores en río revuelto. Si el Ejecutivo no procede rápidamente a poner su famosa Ley de Tierras en la calle, para dar lugar a un debate nacional sobre ella, a partir de un texto que permita a todo el mundo saber por dónde viene la cosa, el resultado previsible será una violencia creciente y cada vez más sangrienta. Ya que este gobierno considera inexistente la Ley de Reforma Agraria de 1961, que le permitiría manejar muy apropiadamente esta situación, entonces que saque la suya cuanto antes. Betancourt se empeñó en promulgar muy rápidamente la Ley de 1961, para prevenir lo que llamaba «el zamorazo». La pronta implementación de la ley atenuó sensiblemente la presión en el campo. Sólo que, después, el condominio adeco-copeyano (igualito que después del 27F y de los dos golpes), una vez pasado el susto, se olvidó de la reforma agraria y el proceso quedó chucuto. En una nueva situación de cambio político profundo, reaparece la bronca cara del «zamorazo». Si la cosa sigue viéndose solamente como resultado del discurso de Chávez, (aunque la prepotente torpeza de este no sea propiamente una contribución a las soluciones), se perdería de vista que la raíz de lo que ocurre está sepultada en las yermas tierras de una reforma agraria inconclusa y de un campesinado empobrecido, que no solamente tierras necesita.
Si en el campo no existiera un problema real no resuelto, ni el discurso más incendiario podría provocar invasiones. Si no hay masa no hay mazamorra. Esta es una lección de la historia que deben tener muy clara tanto aquellos que piensan que no hay nada que discutir sobre la legitimidad de la propiedad de la tierra, como el gobierno, a quien no debería convenir para nada una situación de conflictividad creciente en el campo.
Por eso, es tan importante que el gobierno calme las aguas mostrándose como el garante de la seguridad de todos; tanto de los productores como de los campesinos. Es indispensable, en consecuencia, que salga a la luz publica la fulana Ley de Tierras, a fin de que con ella se dé origen a un debate civilizado. La ley debe asegurar los derechos de todos, con equidad. Quién tiene una propiedad en producción, debe tener la seguridad de que no será afectada por la reforma agraria y mucho menos por invasiones. Quién, con legitimidad, reclame tierras, debe tener la seguridad de que la reforma agraria se las proporcionará legalmente y, además, le dotará de los medios para trabajarla productivamente, a fin de que pueda permanecer en el campo. La Ley de Tierras debe ser propuesta como una solución justa y no como una amenazadora «candanga con burundanga», que nadie sabe qué es pero lo imagina como algo terrorífico. No sorprende, por esto, que el diseño que de ella presentó Miquilena a los ganaderos fuese considerado como razonable. Su objetivo, el mismo de la Ley del 61, consistiría en enfrentar el problema agrario, que, en definitiva, es un problema social. Distinto, en consecuencia, al problema agrícola, que atañe a cómo hacer una agricultura y un campo rentable y atractivo para vivir. Pero este es un aspecto del problema. Lo de hoy, lo que nos interesa y nos divide, es un problema de presión social, que requiere una urgente solución política.
