La Ley y el Orden, por Teodoro Petkoff
El avance del proceso de desinstitucionalización del país y de desestructuración de los poderes públicos es veloz y adquiere cada vez ribetes más grotescos. Veamos. Ayer la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional aprobó el informe que establece las responsabilidades políticas del gobernador Manuitt en numerosos delitos policiales cometidos en el Guárico. Pero, más allá del fondo del asunto, ocurrió ayer algo sin precedentes en los anales parlamentarios. El procedimiento regular es que los informes de las comisiones de la AN, una vez aprobados en ellas, van a la plenaria del cuerpo, el cual los aprueba o rechaza y toma una decisión definitiva al respecto. Pues bien, el presidente de la AN ordenó ayer la insólita designación de una comisión “especial”, que evalúe el informe de la Comisión de Política Interior, para de acuerdo con ello “ver” si este reúne meritos para ser presentado a la plenaria. En otras palabras, puesto que un sector del MVR no está de acuerdo con las conclusiones del informe de la Comisión de Política Interior (integrada, por cierto, mayoritariamente por diputados del MVR), se salta toda la normativa reglamentaria del Parlamento e impone esta medida que la vulnera. Desde luego que por este camino del absurdo, la comisión “evaluadora” de la de Política Interior podría, a su vez, si sus conclusiones no satisfacen a Maduro, ser evaluada por una nueva comisión ad hoc y así hasta el infinito. Se reproduce en este plano el estilo impuesto por Chávez en su esfera. Las leyes y los reglamentos son ficciones, que son acomodadas, cada vez que lo consideren necesario los encargados de aplicarlas, a la voluntad o los intereses políticos circunstanciales de quien tiene la sartén por el mango. No hay más ley, pues, que la voluntad de los mandamases.
Cosa semejante ocurre en el Poder Judicial. Juez que produzca una sentencia que no cuadre con los intereses políticos dominantes, es destituido ipso facto por el TSJ, sin debido proceso ni derecho a la defensa. El último caso es el del juez que falló a favor de Globovisión en el juicio por pago de impuestos. Fue destituido casi en el acto. Con este llegan a trece los jueces que han corrido la misma suerte por haber dictado fallos que no complacían al gobierno. La seguridad jurídica, que nunca fue muy “segura”, ahora está reducida a un guiñapo. De los jueces no se espera que dicten justicia sino que se ajusten a los mandatos de la “revolución”. El grado de indefensión en que se encuentran los ciudadanos que por una razón u otra tienen litigios con el gobierno es casi absoluto. Los jueces están sometidos a un chantaje permanente. O deciden conforme a la voluntad de Yo el Supremo o pierden el cargo.
Chávez está destruyendo las instituciones, pero no para sustituirlas por unas nuevas, serias y funcionales, sino caricaturizando las anteriores, despojando a los habitantes del país del piso estructural sobre el cual se ejerce la condición de ciudadanos.
