La justicia se pudrió esperando por caso Pudreval
Cinco años después del escándalo de la comida descompuesta, aun no hay culpables. La paralización del procedimiento judicial es solo una muestra del temor con que ejercen los jueces en el país. Tan solo entre 2010 y 2011 el caso pasó por manos de cinco jueces, todos renunciaron o se inhibieron
Un expediente oloroso está archivado en los tribunales. Huele a podrido. Se trata de la investigación que el Ministerio Público inició hace cinco años, tras el escándalo que se generó por la denuncia en los medios de la existencia de más de 120 mil toneladas de alimentos en descomposición de la red Pdval, descubiertas en contenedores en Puerto Cabello.
El fétido caso lo destapó el Consejo Legislativo del estado Carabobo, y tanta fue la presión de la opinión pública que al Ejecutivo no le quedó más remedio que iniciar investigaciones. En mayo de 2010 se detuvieron a los tres presuntos responsables: Luis Enrique Pulido, presidente de Pdval entonces; así como Ronald Flores y Vilyeska Betancourt, directores de operaciones. Hoy siguen en libertad condicional, y su juicio duerme en el letargo del olvido.
La paralización del procedimiento judicial es solo una muestra del temor con que ejercen los jueces en el país. Tan solo entre 2010 y 2011 el caso pasó por manos de cinco jueces, todos renunciaron o se inhibieron. En ese interín saltó el nombre del entonces magistrado Eladio Aponte Aponte, hoy uno de los confidentes de EEUU sobre los secretos de la revolución, quien –denunció Neidy Rosal, en ese fecha diputada de Proyecto Venezuela en el Consejo Legislativo de Carabobo– había logrado dilatar la investigación con subterfugios legales.
A la investigación judicial, se le sumó otra de la Asamblea Nacional. Rosal también recuerda que a principios de 2012 acudieron a la comisión de Contraloría para instar a los diputados para que se avocaran en el caso. Ese despacho, entonces presidido por Héctor Navarro –hoy en una postura disidente y crítico al gobierno de Nicolás Maduro– no hizo nada por el caso.
SIN SENTENCIA
Pulido, Flores y Betancourt están hoy libres. Estuvieron detenidos 18 meses, pero en septiembre de 2011 quedaron en libertad condicional, como consecuencia del congelamiento del procedimiento judicial.
A los responsables individuales, se suma la vinculación directa desde el Ejecutivo. La pudrición de los alimentos se debió a la mala política gubernamental, que en 2009 ordenó agilizar la importación masiva de alimentos para cubrir el abastecimiento de la red Pdval, sin respetar controles de distribución.
El Universal reseñó en 2013 un memorando del entonces ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, donde reconocía que en 2009 se había destinado 2,2 millardos de dólares para la importación de 143.866 toneladas de alimentos, de las cuales sólo se distribuyeron 14%.
El especialista agrario, Tomás Socías, estimó a TalCual en 2010 que las pérdidas económicas para el Estado por la comida podrida ascender a 2.000 millones de dólares, por los altos precios de los alimentos en el mercado internacional entonces.
