La Haya da plazo hasta marzo para venta privada de acciones de filial de Pdvsa
Una sentencia emitida en La Haya afecta a Propernyn, la subsidiaria de la estatal Pdvsa usada para adquirir los activos en el extranjero, entre ellos, instalaciones en Aruba, Bonaire y Curazao
Una sentencia emitida en La Haya pone límites a la intención del gobierno venezolano de negociar en forma privada los activos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el extranjero.
Este fallo fue emitido por el magistrado Hans Vetter, como parte de un viejo litigio por la ejecución de un laudo arbitral, en el que se ordenó a la estatal venezolana pagar 1.987 millones de dólares por las expropiaciones a Phillips Petroleum Company Venezuela Limited y ConocoPhillips Petrozuata BV.
Las transnacionales registradas en Texas, Bermudas y La Haya intentan resarcir los daños por el expolio, mediante la venta de activos de Pdvsa en el extranjero. Estas instalaciones han sido adquiridas a través de Propernyn, una filial inscrita en La Haya.
Propernyn posee las acciones de la empresa sueca de hidrocarburos Nynas. Igualmente, fue la firma utilizada para la adquisición de instalaciones petrolíferas en Aruba, Curazao y Bonaire.
Hasta ahora, el interés de los demandantes se ha centrado en Nynas. Otros litigios contra Propernyn han ocasionado embargos de las propiedades en los territorios del Caribe Neerlandés.
Como parte de este proceso, en diciembre de 2020 Pdvsa fue autorizada para llevar a cabo una venta privada de las acciones de Nynas, siempre y cuando esto sirviera para cubrir lo adeudado en virtud del arbitraje.
Más luz
Sin embargo, cuatro años después la estatal petrolera no había concretado una transacción que le permitiera salir del compromiso. Ya la justicia neerlandesa había concedido varias prórrogas, a ver si se lograba una negociación. Ante esto, ConocoPhillips solicitó que la venta se hiciera mediante subasta pública.
En una de las últimas audiencias, celebrada en septiembre de 2024, los demandantes se quejaron de la falta de transparencia de la venta de acciones de Nynas, mediante el mecanismo propuesto por Pdvsa.
“Durante el proceso de ejecución ha hecho imposible sacar a la luz información esencial sobre Nynas (…) por lo tanto, una venta pública es la única alternativa viable para realizar una venta de ejecución de las acciones de Propernyn”, señalaron los representantes de ConocoPhillips.
Por su parte, la estatal venezolana ha alegado que una subasta pública no permitirá a los interesados conocer todos los detalles sobre la estructura accionaria de sus filiales en el exterior.
“Además, según Pdvsa, los compradores potenciales se verán disuadidos por el hecho de que la compra de las acciones confiscadas está posiblemente sujeta a sanciones emitidas por los Estados Unidos de América contra Venezuela”, añadieron.
Oryx entra en escena
Según el juez Vetter, los plazos fueron extendidos para que la petrolera venezolana vendiera las acciones de Propernyn mediante negociaciones privadas, con la esperanza de que así lograría los mayores ingresos.
Cuatro años después, nada hace pensar en la validez de esta premisa. De allí que el juez sentenciara que la oferta privada deberá finalizar en marzo. Esto en atención a que, súbitamente, una compañía (Oryx Global) ha manifestado interés en una negociación privada. Si el pacto no se concreta, las acciones de Propernyn serán subastadas públicamente.
Oryx es una compañía basada en Hong Kong -con oficinas en Barbados y Curazao- especializada en el manejo de infraestructuras energéticas. En julio de 2024, Reuters informó que Pdvsa cedió a Oryx las operaciones de la refinería de Emmastad y el terminal marítimo de Bullenbaai (Curazao), en un contrato a 30 años. A tal efecto, Oryx ofreció una inversión de 700 millones de dólares a lo largo de cinco años, para adaptar la instalación a los estándares medioambientales.
Los registros judiciales no indican quién es el propietario de Oryx. Sin embargo, reportes periodísticos señalan que sus recursos provienen de un fondo constituido en Qatar.
El magistrado tampoco avaló el argumento sobre el efecto pernicioso de las sanciones.
“El tribunal no logra entender por qué la posible sujeción de la transacción a sanciones impuestas por los Estados Unidos de América sería menos disuasoria para los compradores potenciales en un proceso de venta privado, que para los compradores potenciales que pueden ofertar en una subasta pública”, razonó.
Vetter acogió el razonamiento de Conoco, en el sentido de que la subasta pública de las acciones podrá suscitar una “guerra de ofertas”, y por ende mayores ingresos.
Con información de Crónicas del Caribe
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