La doble moral progresista, por Manuel Gerardo Sánchez
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Gobiernos y grupos progresistas —aunque algunos no lo crean, yo también lo soy— llaman a sus seguidores a protestar contra la intervención militar de EEUU en Venezuela. Ventilan en sus declaraciones conceptos entendidos a través de la lógica binaria que tanto denuestan: derecha-izquierda, neoliberalismo-socialismo, privatización-proteccionismo.
En un acto de deslegitimación política, invalidan cualquier mentís o crítica a sus ideas. La discrepancia dentro de sus propias filas se convierte en afrenta y el debate argumentado en invectiva. Quien se atreva a hacer un señalamiento incómodo pasa inmediatamente al bando contrario, se reprueba, se anula. Sus principios —al igual que los de las mentalidades conservadoras que detraen— se vuelven dogma. Porque señalar el equívoco ideológico es también una blasfemia que alimenta el discurso enemigo. «¿Y cómo vamos a caldear a los más extremistas en nuestras fisuras?».
Sin embargo, estos gobiernos y grupos —insisto, soy progresista mientras se defiendan derechos colectivos sin discriminaciones— no han inundado las calles para exigir, por ejemplo, la clausura del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El cuerpo represivo del chavismo que, de acuerdo con el Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de Naciones Unidas, comete delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad: «Personas opositoras al Gobierno (de Maduro), reales o percibidas, y sus familiares fueron sometidos a detenciones ilegales, seguidas de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y a violencia sexual y de género», se lee en la página siete.
Los líderes progresistas y sus partidarios atenúan la vehemencia con la que propugnan categorías jurídicas como autodeterminación de los pueblos o soberanía ante la violación de derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela señaladas por Amnistía Internacional. No reclaman el acoso y la censura sistemática de los medios de comunicación locales. Imponen mutismo ante las 273 personas asesinadas desde 2002 hasta el 31 de mayo de 2019 y miran hacia los lados antes de denunciar la crisis sanitaria, económica y alimentaria del país.
Tampoco se han manifestado en las calles de París y Madrid por los 863 presos políticos que registra la ONG Foro Penal —106 son mujeres—. Ante la presión de EEUU después de la extracción de Maduro, el gobierno continuado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, los empieza a liberar: «Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad», declaró Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el 8 de enero de 2025.
Entre los excarcelados se encuentra la profesora de la Universidad Central de Venezuela y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
Los progresistas del mundo occidental no han llorado a los estudiantes que, con banderas y consignas de esperanza, sucumbieron a la penumbra por una bala en la cabeza. Caso paradigmático es el de Bassil Da Costa Frías, 23 años, cuyo asesinato en 2014 fue investigado por Amnistía Internacional en Los rostros de la impunidad. No han arengado a sus activistas para reclamar el terror ciudadano en la patria de Bolívar: la detención de vecinos por compartir en redes sociales un meme que no le daba risa al hoy derrocado. Ni hablar de las familias destruidas de los casi 9 millones de migrantes venezolanos desperdigados por el mundo…
La lista de la ignominia es larga, pero no puedo dejar de mencionar la sincronía de algunos presidentes, como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, para no amonestar la opacidad de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 publicados por el CNE.
A pesar de no haber presentado las actas de escrutinio, el CNE encabezado por Elvis Amoroso ungió ganador a Nicolás Maduro. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática impugnó los resultados mostrando actas que le otorgaban a Edmundo González Urrutia el triunfo con más de 67 % de los votos. Un total de 7.156.462 a su favor.
El Centro Carter, en febrero de 2025, concluyó en su informe Observación de las Elecciones Presidenciales en Venezuela, julio de 2024: «las elecciones de Venezuela de 2024 no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas».
*Lea también: El salto al vacío de Nicolás Maduro, por Gregorio Salazar
Cinismo, neocolonialismo —por el tupé de querer explicar una realidad que desconoce por ejemplo Europa— y, sobre todo, aprovechamiento electoral. Derechas e izquierdas usufructúan la tragedia de Venezuela, su dolor, para quitarle votos al rival. Ganar sufragios siempre es la meta, la razón de la contradicción moral progresista. Además del miedo lógico de que una potencia extranjera meta la cuchara en la sopa y revuelva instituciones, leyes y hasta chanchullos ajenos.
¿Acaso creen que los venezolanos no reconocemos y lamentamos la gravedad de la agresión estadounidense? Trump es una amenaza para todo el hemisferio. Cae una dictadura y se perfila otra, pero que habla en inglés y cree ser purísimamente blanca.
Los temores arden en la retina incluso del ciego: imperialismo; doctrina Monroe; expoliación de recursos petrolíferos ya expoliados por rusos, chinos, cubanos e iraníes; vulneración de tratados internacionales; hegemonía y paternalismo yanquis y la continuidad de la dictadura de Maduro. Aunque tras las rejas en Nueva York, su régimen ejerce el control del Estado hasta que no se den los pasos necesarios para la transición. ¿Cómo y cuándo será? Nadie lo sabe.
Gobiernos y grupos progresistas parecen convulsionar con solo escuchar el sintagma: «transición democrática». Democracia ellos, sí. ¿Y para otros? Ya se verá.
Manuel Gerardo Sánchez es historiador, periodista y escritor.
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