La bicha soy yo, por Teodoro Petkoff
El domingo pasado, en su programa, el presidente hizo cuatro afirmaciones que no se pueden dejar pasar lisas. Habló de que se pretendía «inventar un delito» para llevarlo a «un juicio trucado», ante el cual «no me voy a quedar con los brazos cruzados» porque «no soy mocho». Peligrosas afirmaciones en boca de un jefe de Estado contra el cual se acumula querella tras querella en el Tribunal Supremo, porque podrían implicar la intención de desconocer cualquier resultado judicial que le resultare adverso. Ya conocemos demasiado a Chávez como para no saber que su lengua le ha jugado más de una mala pasada pero que a la hora de la verdad, colocado ante situaciones-límite, ha actuado sensatamente, rindiéndose, para evitar males mayores. Pero ocurre que sus palabras podrían generar expectativas o inducir en otros conductas potencialmente muy perjudiciales para la salud de la nación, por lo cual es indispensable atajarlas a tiempo y exigir del presidente una definición en cuanto a su relación con los poderes públicos.
Estos son hijos del proceso conducido por Hugo Chávez. Su composición inicial respondió a elecciones ampliamente ganadas por las fuerzas políticas del chavismo, pero si en ellos se han producido cambios es porque son reflejo de los que han ocurrido en la propia sociedad y en la opinión colectiva. Son cambios naturales en cualquier sociedad democrática, sobre todo en una sometida a las tensiones de un proceso que se define como «revolucionario», inevitablemente plagado de contradicciones. Un presidente democrático está obligado a convivir con esos cambios y a comportarse de modo tal que no dé pie para que los poderes públicos se vean constreñidos a actuar contra él. Establecer de antemano que se pretende «inventar un delito» implica querer consagrar la infalibilidad y, por tanto, la intangibilidad del presidente. Determinar si los delitos son «inventados» o no correspondería a los tribunales y no al presidente, pero este ha descalificado por anticipado a sus jueces al hablar de «juicio trucado». Si la querella es un «invento» y los jueces unos «tramposos», entonces ¿ante qué estaríamos? ¿Entraría en acción el plan «No soy mocho»? ¿Se alzaría Chávez contra las instituciones hijas del proceso quintarrepublicano? Basta con un ejemplo para percibir hasta qué punto son inaceptables los conceptos del presidente. Es el del FIEM. En este caso no sólo no se ha inventado nada sino que todavía el mismo domingo pasado Chávez admitió de nuevo que entre violar la Ley de Presupuesto y la Ley del FIEM había escogido violar la segunda. Fueron sus palabras más o menos textuales. Se trata, literalmente hablando, de una confesión. Pero Chávez pretende manipular a sus seguidores con un argumento seudomoral, legitimando un delito con sedicentes razones «sociales». Como aquello de hace tres años de que es admisible robar si se tiene hambre.
Lo nuevo en la Constitución es precisamente haber consagrado el derecho de cualquier ciudadano a querellarse con su presidente si estima violados sus derechos por este. El país exige hoy de Chávez que defina si va a respetar la normativa constitucional o va a patear el tablero. Para saber a qué atenernos.
