Julio Chávez: Con reforma judicial se destituirán jueces y se revisarán varios aspectos
Chávez puntualizó que se podrá evitar que la oposición use el retardo procesal como tema para «armar expediente» en el exterior
Julio Chávez, diputado de la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2020 e integrante de la comisión presidencial para la Reforma Judicial, afirmó este miércoles 30 de junio que la instancia creada por el mandatario Nicolás Maduro tiene competencias para destituir jueces u otros funcionarios que sean responsables del retardo procesal en el país; así como revisar planes de jubilación y otros aspectos.
Chávez aseveró en VTV que existen al menos 40 mil casos de retardo procesal en el país y destacó que la comisión a la que pertenece «no es desmemoriada», porque tiene conocimiento de las fallas que hay en materia judicial en el país. Señaló que lo que se busca es que la persona que tenga una sentencia pueda cumplir su pena en un centro penitenciario, porque no lo podrá hacer mientras esté detenido en un calabozo preventivo.
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Además, enfatizó que de esta forma se persigue minimizar el hacinamiento en las cárceles en los centros policiales. Resaltó que la comisión de la Reforma Policial ya se ha replicado en todos los estados del país donde convergen varios organismos, quienes instalan una especie de tribunal móvil para estudiar los casos de privados de libertad que aún se encuentran en centros preventivos.
El diputado oficialista Julio Chávez destacó que en el estado que representa, Trujillo, hay funcionarios del Ministerio Público, jueces, de la Defensoría del Pueblo y de la Defensa Pública para llevar a cabo procesos, donde incluso se le da la posibilidad al privado de libertad de poder exponer él mismo su caso.
En ese sentido, destacó que se ha entrevistado con 101 presos de los cuales 12 han recibido medidas sustitutivas de libertad y 89 han obtenido una orden de traslado a centros penitenciarios para pagar su condena y también se han dado algunas libertades plenas.
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Cree que se va a cumplir la premisa establecida por el presidente de dicha comisión, el diputado Diosdado Cabello, de que en 30 días se resuelva el tema del hacinamiento y el retardo procesal, esto además para evitar que el tema «no sea convertida en una bandera» por la oposición venezolana para «armar un expediente» en el extranjero sobre supuesta violación a los DDHH.
Insistió tanto en la depuración de los órganos de justicia en el país, al igual que en la reforma de las leyes que los rigen con el fin de poder «blindar el sistema» y se puedan garantizar los DDHH.
Acusó que el retardo procesal se ha acentuado producto de la pandemia generada por la covid-19.
