Juez ordena a las FARC indemnizar a hijo de Ingrid Betancourt con 36 millones de dólares
Ingrid Betancourt fue secuestrada por las FARC en febrero de 2002 cuando aspiraba a la presidencia de Colombia. Fue liberada en julio de 2008 durante la denominada «Operación Jaque», llevada a cabo por el Ejército y en la cual también se liberaron a tres estadounidenses y más de una decena de militares y policías
Un juez federal de Estados Unidos en Nueva Jersey ordenó a la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a más de una docena de sus exmiembros, indemnizar con 36 millones de dólares al hijo de la excandidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, quien pasó más de seis años secuestrada por el grupo a principios de la década del 2000.
En total son 14 los demandados: las FARC como grupo más otros 13 exmiembros, según los documentos judiciales. Entre ellos destaca Luciano Marín, mejor conocido como “Iván Márquez”, quien ahora permanece en la clandestinidad ya que es uno de los líderes de las disidencias de la desmovilizada guerrilla. No obstante, al menos dos de ellos, Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, y Helí Mejía Mendoza, alias “Martín Sombra”, habrían muerto en enfrentamientos, según las autoridades de Colombia, reseñó CNN.
A través de la firma de abogados Scarinci Hollenbeck, Lawrence Delloye, elevó una demanda en el 2018 alegando que el grupo había violado el Acto Antiterrorista o ATA, que permite a las víctimas de este flagelo elevar cargos ante cortes de Estados Unidos en busca de compensación.
La petición también señala que el secuestro de Betancourt le causó a Delloye un estrés emocional severo. «Si bien ninguna suma de dinero puede reemplazar el tiempo que Lawrence Delloye perdió con su madre o curar el trauma sufrido a manos de las FARC, estamos orgullosos de haber ayudado a lograr algo de justicia», explicó en el comunicado Robert E. Levy, presidente de la firma.
Hace una semana, el juez Matthew W. Brann concluyó que los abogados habían logrado demostrar que Delloye estaba cobijado por el ATA y que las FARC eran responsables por su suplicio.
En este sentido, Brann determinó que 12 de esos 36 millones de dólares irán para la víctima y 24 para cubrir gastos de abogados y otros costos.
El secuestro de Ingrid Betancourt
Ingrid Betancourt fue secuestrada por las FARC en febrero de 2002 cuando aspiraba a la presidencia de Colombia. Fue liberada en julio de 2008 durante la denominada «Operación Jaque», llevada a cabo por el Ejército y en la cual también se liberaron a tres estadounidenses y más de una decena de militares y policías.
En junio de 2021, exintegrantes de las FARC reconocieron su responsabilidad ante las víctimas de secuestro y ofrecieron una disculpa a todos los afectados por estas privaciones de la libertad. En esa oportunidad, Betancourt agradeció el reconocimiento de los crímenes, aunque puntualizó que la reparación a las víctimas seguía siendo un tema pendiente por resolver.
Cobro de los recursos
Por otro lado, es incierto si podrán cobrar los fondos, pues las FARC y sus miembros no poseen activos en EEUU. No obstante, el caso de Lawrence Delloye, tiene muchas semejanzas con el recurso interpuesto por los contratistas estadounidenses que también fueron secuestrados por las FARC y que compartieron cautiverio con Betancourt: Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes.
En el 2012, y tras una demanda que también utilizó el ATA como base, una jueza de la Florida ordenó el pago de 318 millones de dólares en reparaciones. En teoría, esos fondos podrían haber salido de activos congelados en EEUU pertenecientes a la organización o alguno de sus miembros.
Eso cambió un poco en el 2018, cuando se aprobó una enmienda al ATA que ahora les permite a las víctimas de los grupos terroristas buscar la reparación de manera indirecta a través de fondos decomisados a personas asociadas con el grupo cuyos activos están en poder del gobierno estadounidense.
Los contratistas, desde entonces, han buscado la reparación con fondos que se les han congelado en EEUU a miembros, exmiembros y asociados al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela que han tenido vínculo con las FARC.
