Juez de Trinidad y Tobago ordena liberación provisional de venezolana y su bebé
La joven pertenece a un grupo de 27 personas detenido en Trinidad y Tobago a finales de noviembre de 2020 que está preso en Chaguaramas
Un juez del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago ordenó el martes 2 de febrero la liberación provisional de una joven venezolana de 17 años y su bebé de cinco meses, quienes estaban en el centro de detención para migrantes establecido en el helipuerto de Chaguaramas,
La joven y su bebé son parte de un grupo de 27 venezolanos, entre ellos 16 niños, que la Guardia Costera llevó fuera de las aguas territoriales de la nación caribeña alegando no tener conocimiento de la decisión que ordenaba detener la deportación el 22 de noviembre de 2020. Dos días más tarde, el grupo regresó y fueron nuevamente retenidos y pasados al helipuerto de Chaguaramas, refiere EFE.
Un pastor venezolano que vive en Trinidad y Tobago es quien dijo estar dispuesto a hacerse cargo de la joven y el infante hasta que su caso vuelva a presentarse en la corte, específicamente ante la juez Carol Gobin, el lunes 8 de febrero.
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También se ha pedido a los abogados que brinden información al tribunal sobre los arreglos de alojamiento para los dos y cómo se cubrirán sus gastos en el futuro. Los letrados habían presentado una solicitud de recurso de habeas corpus pidiendo su liberación del centro de detención cuando sus órdenes de cuarentena expiraron el 15 de diciembre.
El grupo de 27 personas ha estado detenido durante unos 44 días desde que terminó su cuarentena. En ese tiempo, ha presentado varias demandas con la esperanza de lograr el estatus de solicitante de asilo o refugiado en Trinidad y Tobago. Por otro lado, la justicia de la nación caribeña ha concedido varias órdenes provisionales que impiden su deportación hasta que sus reclamaciones sean escuchadas y resueltas por el tribunal.
La medida judicial en favor de la venezolana y su hijo ocurre luego de la detención el 28 de enero de un grupo de seis inmigrantes provenientes de nuestro país y que presuntamente residen en el estado Nueva Esparta, que ingresaron de forma ilegal a Trinidad y Tobago.
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Esta situación en Trinidad y Tobago revive la tragedia del naufragio suscitado cerca de las costas de Güiria, estado Sucre, en el que murieron más de 30 personas que al parecer intentaban llegar a las costas trinitarias, un evento condenado por la comunidad internacional y por la OEA, posición que Puerto España rechazó al decir que hay «continua desinformación», una «narrativa falsa» e «inexacta» sobre como ocurrieron los hechos.
