Iris Varela adelanta que en Venezuela debería haber penas perpetuas
La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, aseguró este martes que el estado de excepción que existe en Venezuela «no es como el que se aplica en otros países», debido a que en el país «hay garantías que ni siquiera se pueden suspender».
En entrevista a VTV, Varela aseguró que en el Ejecutivo que preside Nicolás Maduro existe una «inmensa capacidad de diálogo» para dirimir las diferencias vía conversación aunque dijo que si ella estuviera en lugar del mandatario, «no tendría esa tolerancia ni capacidad de dialogar y aceptar cosas de ciertas y determinadas personas. Hay personas que merecen que le pongan los ganchos», resaltó.
Resaltó que esas personas, que estén implicadas en actos contra el país y el régimen, «deben responder por sus actos» ante la justicia venezolana y subrayó que en Venezuela deben dejarse atrás las «traiciones» porque «atentan contra la estabilidad» al generar «muerte y desasosiego». Por ello, manifestó que se debe «aprovechar» la etapa de la asamblea constituyente impuesta para revisar e incorporar ese tipo de delitos en la Constitución.
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En ese sentido, propuso que el asunto de la relatividad de la Ley Penal sea revisada porque «no puede ser que los delitos cometidos por (…) Guaidó y su combo, que han robado el erario público y sometido al pueblo, la pena máxima no pueden ser 30 años», al tiempo que su aporte sería que hayan penas perpetuas más 20 años.
A su juicio, la oposición «da la cara» porque «están amparados por los gringos pero cuando caiga Trump, buscará otra ala que los acobijen, pero aquí no se pueden salvar».
Por otro lado, resaltó haber logrado el «control absoluto» de las cárceles del Estado, así como la aplicación del 98,5% del régimen penitenciario. También dijo que se ha combatido el retardo procesal dentro de los centros de reclusión con varios mecanismos como el «Plan Cayapa» y movilizar al Poder Judicial para que acuda a los recintos y acelere el proceso de cada recluso, proceso que era «inexistente».
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Además, denunció que la administración pública «financia las clínicas privadas» porque explicó que en muchos casos deben llevar a privados de libertad -u otros funcionarios necesitan atención médica- a esos centros de salud «y cuando se acaba el seguro», son dados de alta porque se acabó el dinero.
«Hay profesionales dispuestos a acabar con eso. Hemos hablado con clínicas que se suman al proyecto. Hay especialistas que quieren trabajar con nosotros y fortalece el sistema de salud. Así tendríamos más a la mano un servicio que el usuario pueda pagar sin empobrecerse».
