IPySVe: Detenciones arbitrarias, amenazas y agresiones plagaron el 2020 de los medios de comunicación
El IPyS aseguró en su informe que funcionarios afines con el Poder Ejecutivo fueron los principales agresores contra los medios de comunicación y trabajadores de la prensa; seguidos por el Poder Judicial y la extinta asamblea constituyente
El Instituto Prensa y Sociedad (IPyS) emitió este lunes su último informe anual sobre agresiones sufridas por los medios de comunicación y trabajadores de la prensa durante el año 2020, el cual se denominó “El virus de la Censura”.
De acuerdo con la organización, durante el 2020 se perpetraron en Venezuela 374 incidencias que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas entre enero y diciembre pasado, “período en el que una fiebre de represión se dio contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública en el país”.
“Detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, ataques, amenazas y agresiones contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación en Venezuela fueron parte de los principales síntomas de una pandemia caracterizada por la censura durante los 12 meses de 2020”, señala IPyS.
La emergencia sanitaria por covid-19 complicó aún más el cuadro clínico de la labor informativa, la cual sigue sin ser inmune a las restricciones impuestas fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo.
Según el documento, la curva de casos de vulneraciones estuvo lejos de aplanarse, ya que los atropellos perpetrados por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro afectaron a 325 personas, de las cuales 194 eran reporteros.
“Si bien la cifra de incidentes es inferior a la evidenciada en 2019, cuando se contabilizaron 534 hechos que incluyeron 1032 violaciones, los condicionamientos que actualmente rodean a la prensa en un país en confinamiento son prueba de un escenario que continúa empeorando”, expresa el reporte.
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Las violaciones a las garantías de información fueron desglosadas de la siguiente manera: 338 violaciones en la categoría de agresiones y ataques, 102 por abuso del poder estatal, 63 por limitaciones de acceso a la información pública, 29 acciones legales administrativas, 13 casos de censura previa, 12 casos de censura interna, y un caso de impunidad.
“El mayor número de casos ocurrieron en enero, marzo, abril, mayo y junio. Solo durante abril se registraron 41 casos de violaciones, mientras que en marzo se reportaron 39 hechos”, señala el documento.
El instituto destacó el uso de la violencia como el mecanismo más usado por agentes del régimen venezolano para “imponer terror” a los medios de comunicación del país, en este sentido, señalaron que durante 2020 “ocurrieron 338 violaciones por incidentes contra la integridad física de periodistas y medios, que comprendieron principalmente 115 hechos de intimidación, 33 agresiones físicas, 27 amenazas de agresiones, 26 ataques contra sus herramientas de trabajo, 16 por la eliminación de registros periodísticos, nueve por cierres, suspensiones, incautaciones de medios de comunicación, siete por persecuciones, cinco por acoso, tres por desapariciones forzadas”.
Asimismo, aseguraron que, funcionarios afines con el Poder Ejecutivo, fueron los principales agresores contra los medios de comunicación y trabajadores de la prensa; siendo responsables de 252 casos del total de 374 (de estos, 154 corresponden a cuerpos de seguridad del estado). Le siguieron el Poder Judicial con 13 incidentes y la ahora extinta asamblea constituyente con cinco casos.
El registro también detalló 102 violaciones por abuso del poder del Estado: “48 casos de detenciones arbitrarias, 24 declaraciones agraviantes de autoridades públicas, seis regulaciones de contenido de radio y televisión, seis campañas de agravios promovidas por grupos oficiales o paraoficiales, y cuatro seguimientos. Además, hubo denuncias de 29 hechos de amenazas y procesos legales contra periodistas, reporteros gráficos, directivos de medios y locutores, entre otros trabajadores de medios”.
Igualmente, registraron las detenciones arbitrarias realizadas por organismos militares y policiales, acompañadas de procedimientos civiles y penales, que afectaron a 62 trabajadores de la prensa.
Entre estos casos destacan los del periodista Darvinson Rojas, detenido por 12 días, el politólogo Nicmer Evans quien estuvo preso casi dos meses (ambos casos relacionados con acusaciones de “instigación al odio”) y el del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño, quien permanece privado de su libertad desde el pasado 26 de octubre.
El documento también registró las violaciones en el caso de los espacios digitales “27 ataques que afectaron a periodistas y a los servidores de medios de comunicación, 25 por denuncias de bloqueos a plataformas digitales informativas y redes sociales, 23 restricciones a la expresión en línea, y dos casos por limitaciones a la privacidad”.
«Esta es una situación grave, preocupante, de descomposición del tejido comunicacional en Venezuela. Es un indicador alarmante de la salud de la sociedad que está en situación de dictadura informativa», señaló la directora ejecutiva de la ONG, Marianela Balbi.
Consideraron necesario otorgar garantías de protección efectivas a periodistas y defensores de derechos humanos, asegurar que este tipo de delitos sean investigados y castigados, mejorar y garantizar el acceso a la información pública, fomentar mecanismo de seguridad digital que protejan estos derechos y ofrecer programas de mejoramiento de las capacidades periodísticas.
