Investigación por desaparición del bote Jhonaily José cumple dos años a la deriva
Familiares de los desaparecidos del bote Jhonaily José han desestimado las hipótesis y versiones dadas por autoridades de que la embarcación zozobró; por el contrario, han afirmado a TalCual que el único naufragio es el de sus denuncias
Este 23 abril se cumplen dos años desde que se perdió el rastro a 28 de las más de 30 personas que abordaron el bote Jhonaily José, en Güiria, estado Sucre, para trasladarse a Trinidad y Tobago y escapar de la emergencia humanitaria compleja que en ese entonces ya estaba instalada en el país.
Y como en el primer aniversario, este año se repite el mismo cuento. Familiares siguen a la espera de acciones por parte del Estado para dar con la suerte de sus parientes. Dicen que hasta ahora no han recibido señales de avance en las investigaciones sobre el caso.
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El Jhonaily José zarpó el 23 de abril de 2019 con 38 pasajeros, de los cuales ocho lograron retornar tras el aparente naufragio de la embarcación; entre ellos Francisco Martínez, capitán del bote. Los otros 28 permanecen con paradero desconocido.
Familiares de los desaparecidos han desestimado las hipótesis y versiones dadas por autoridades de que la embarcación zozobró, y por el contrario, han afirmado a TalCual que el único naufragio es al que han ido a parar sus denuncias.
Jhonaily José y hechos colaterales
Yeukarys Sifontes (18), Anabelle Aguilera (23), Daniamis Medina (36), Yocselys Rojas (20), Unyerlin Vásquez (16), Omarlys Velásquez (16), Luisannys Betancourt (15), Melany Patinez (22), Zulmaris Patinez (34), Ruth Patinez, Inés Araujo, Ender Blanco, Carmen Lares, Deiker Marín (19), Luisa Marín (29), Frank Hernández (22), Estéfani Flores, Sariana López, Francelis Blandín, Amanda Guilarte, Yonder Quijada (25), Anyerlis Benítez, Anderson Cabrera, Hector Torres, Rosmilys Laguado (16), Michelle Sánchez (17), son algunas de las personas que permanecen desaparecidas y que habían abordado el bote Jhonaily José.
Todo apunta a que los desaparecidos fueron víctimas de mafias dedicadas a la trata de personas. Ana Arias, madre de Luisannys Betancourt, contó a TalCual que su hija salió de su casa el 15 de abril con dos amigas que la fueron a buscar, una estudiaba con ella en el liceo y la otra era prima de su compañera.
“Mamá, ellas me dicen que para dejarme ir tengo que pagar 200 dólares”, fue el mensaje que la joven le envió a su madre luego de dos días de desaparecida. No hubo más respuesta, a pesar de que la mamá le anunció que ella conseguiría el dinero para su rescato.
Cuando Arias fue al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) en Güiria, la respuesta que recibió fue «Señora, su hija está de rumba. Espérese 72 horas”.
Pese al testimonio de Arias y demás familiares en los que señalan la existencia de mafias dedicadas a la trata de personas, ni las autoridades venezolanas ni las trinitarias dan respuestas.
En mayo de 2020, TalCual publicó una investigación sobre lo ocurrido en 2019 en dos embarcaciones que partieron desde el puerto de Güiria, en el estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago. Con apenas 23 días de diferencia zarparon y desaparecieron en el mar sin dejar rastro de 60 personas. En el trabajo se evidencia cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales.
Tras la desaparición de los primeros tres botes (dos partieron desde Güiria, en Sucre, y otro desde la Vela de Coro, en Falcón) la Asamblea Nacional creó una Comisión Especial que investiga las desapariciones de las embarcaciones, integrada por los diputados Carlos Valero, Robert Alcalá y Luis Stefanelli. Hasta 2019 la investigación que adelantaron los parlamentarios daba cuenta de que hay un entramado de corrupción que empieza con los funcionarios de la Capitanía de puertos y el Comando de guardacosta, encargados del resguardo de la zona costera venezolana y limítrofe con Trinidad y Tobago.
El 20 de febrero del 2020, familiares de los desaparecidos del bote Jonhaily José se unieron en protesta con las familias de los desaparecidos del Ana María (mayo 2019) y también de los parientes de las personas a las que se le perdió la pista en La Vela de Coro, Falcón (junio 2019) para exigir respuestas a las autoridades.
Funcionarios del Ministerio Público prometieron que serían designadas nuevos funcionarios para investigar los casos, por lo que tendrían que volver a proporcionar datos, los mismos que habían repetido una y otra vez al avanzar los meses sin ver frutos.
Sin embargo, Luisa Estee, familiar de Anabelle Aguilera, indicó que no han recibido respuestas en cuanto a las desapariciones. «No nos han dado ningún tipo de información. Nos dijeron que estaban trabajando, pero a esta altura no tenemos ni la copia de nuestro expediente”, agregó.
Acciones contundentes
Al cierre de 2019, el comité de familiares de los desaparecidos había protestado varias veces ante el Ministerio Público para exigir al Estado acciones para esclarecer el caso. Sin embargo, la respuesta del organismo fue confusa. Solo les dijeron que la investigación «avanzaba», pero no dieron mayores detalles a los parientes por lo que quedaron como al principio: en el aire.
El día de la protesta en diciembre de 2019, los familiares se dirigieron a la sede de Interpol, en Caracas. En el organismo fueron notificados de que el Ministerio Público no había compartido la información de la desaparición de la primera embarcación y por esta razón aún no se había activado la alerta amarilla para los desaparecidos y la alerta roja para los presuntos implicados en la desaparición del bote Jhonaily José.
Hasta que por fin
En 2020, la bandas dedicadas a trata de personas continuaron operando en el país, pese a las restricciones que se aplicaron en la nación tras la llegada de la covid-19.
La actuación de las autoridades ha sido lenta en esta materia. Al cierre de ese año fue que el fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, reconoció la existencia de bandas dedicadas a la trata y al trafico personas desde Güiria, estado Sucre; ello luego del naufragio ocurrido entre las costas de esa localidad sucrense y Trinidad y Tobago en el que murieron ahogadas más de 20 personas.
En su cuenta de Twitter, el funcionario por primera vez en 15 meses se refirió al caso de la desaparición de más de 60 personas tras zarpar hacia la isla caribeña en los botes Jhonaily José y Ana María, el 23 de abril y el 16 de mayo de 2019, respectivamente. Anunció la activación de la alerta roja en la Interpol contra Alberto Abreu, capitán de la segunda embarcación y quien ha sido señalado de integrar una de estas bandas.
A finales de ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió al régimen de Nicolás Maduro brindar información sobre la investigación de las desapariciones de los venezolanos.
Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron especificar las medidas legislativas que se han adoptado para proteger a las personas de la trata de persona, prevenir la explotación laboral o sexual y supervisar las agencias privadas de contratación.
En el comunicado, también dirigido a los gobiernos de Aruba, Bonaire, Curazao y Trinidad y Tobago, los relatores manifestaron su preocupación por la «aparente» falta de acciones efectivas por parte de las autoridades venezolanas para impedir la trata de personas e investigar y enjuiciar a los involucrados. Hasta ahora se desconoce si el gobierno respondió al exhorto.
