Hipócritas, por Teodoro Petkoff
Más allá del informe del Departamento de Estado norteamericano sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, y del rol de juez y policía universal que el gobierno gringo se atribuye a sí mismo (que nosotros hemos rechazado, como rechazamos su inefable «certificación» o «descertificación» en materia de drogas), vayamos al fondo del asunto: ¿tiene el gobierno venezolano un récord honorable en la defensa de los derechos humanos? Pues bien, no necesitamos que el Departamento de Estado nos revele algo sobre lo cual hemos gastado galones de tinta: en nuestro país es vulnerado prácticamente todo el espectro de derechos humanos sin que se perciba una actitud de lucha frontal y sistemática contra esos abusos por parte de las autoridades.
La violación de derechos humanos siempre es posible, en cualquier sociedad y régimen político, pero el meollo del asunto está en si esa violación es rigurosamente sancionada o no por las autoridades públicas. El problema venezolano es que existe una actitud permisiva y blandengue de las autoridades frente a los abusos, atropellos y arbitrariedades que cometen distintas clases de funcionarios públicos. El presidente anoche se jactó de que él mismo había ordenado una investigación sobre las «desapariciones» policiales y/o militares de personas en Vargas, a raíz de la tragedia. Es verdad, la investigación fue ordenada, pero más de un año después, señor presidente, ¿cuál es el resultado de ella? ¿Cuántos juicios se han celebrado contra los presuntos responsables? ¿Se sabe, siquiera, quiénes son estos? No, no se sabe nada, no hay culpables, no hay responsables.
El señor defensor del pueblo, cuestionando la cifra de 2.000 abatidos, afirma que se dispone a ir a Washington a agarrar por la pechera a Colin Powell para que le diga de dónde la sacó. No tiene que ir tan lejos; puede preguntarle al general Belisario Landis, quién fue la persona que puso en órbita esa cifra cuando acuñó su macabro concepto de «predelincuentes», que serían los 2.000 que mencionó como muertos en «enfrentamientos» con la policía o en «ajustes de cuentas», que son los eufemismos con los cuales se disfraza en el medio el asesinato policial. Más aún, Mundaraín tendría mucho trabajo con ocuparse solamente de los 170 casos de homicidios extrajudiciales que Provea denuncia como cometidos entre octubre del 99 y septiembre del 2000 por distintos cuerpos policiales, de los 429 casos de torturas, golpizas y otros abusos que Provea comprobó en el mismo periodo. ¿Mundaraín no sabe que el procedimiento «investigativo» policial favorito es la tortura a los detenidos comunes? ¿Mundaraín no sabe que aquí la tortura hace ruido cuando se trata de detenidos políticos, pero que es absolutamente banal en el caso de los presos comunes? ¿Alguien investiga y sanciona eso, Mundaraín?
Está bien que nos ofendamos por las indebidas injerencias norteamericanas en nuestros asuntos y hasta que retruquemos mirando la viga que tienen los gringos en sus propios ojos, pero no aprovechemos eso para eludir o disminuir la responsabilidad gubernamental en las visibles debilidades que tiene entre nosotros la lucha por el respeto a los derechos humanos. No seamos hipócritas.
