¿Habilitante para qué?, por Teodoro Petkoff
Resulta muy sospechosa la insistencia de Maduro y su combo en solicitar de la Asamblea Nacional una Ley Habilitante a sabiendas de que no cuentan con los votos suficientes para lograr ese cometido. La única manera como alcanzarían el número de votos necesario es si un diputado de la oposición traicionase su compromiso con sus electores y saltara la talanquera, tal como reza la ya tan popular expresión.
Aunque esta gente ha hecho con la Constitución lo que le ha dado la gana, no está de más recordar lo que ella dice sobre la aprobación de leyes habilitantes, para dejarle a la historia un testimonio ¡uno más! de estos tiempos desoladores. En su artículo 203 se establece, textualmente: «Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional POR LAS TRES QUINTAS PARTES DE SUS INTEGRANTES…». Aquí no hay tutía. Una ley habilitante, que otorga poderes especiales al Presidente para que este pueda legislar por decreto, implica una dejación de poderes por parte del Parlamento, que los cede temporalmente al Presidente, por un plazo perfectamente definido en la propia ley. Es decir, las leyes habilitantes no son indefinidas.
Pero precisamente porque se trata del delicadísimo asunto de una autorreducción de los poderes de la Asamblea Nacional, el legislador previó una mayoría hipercalificada de los integrantes del cuerpo; de los integrantes, no de los presentes en la sesión, que en el caso de otras leyes y temas es sólo la mayoría simple de estos la que se requiere.
De modo que para votar una ley habilitante, siempre que haya quórum, cualquiera que este sea, la votación se contará sobre el total de integrantes. En nuestro caso, la Asamblea Nacional cuenta con 165 integrantes y la casualidad ha querido que las tres quintas partes sean precisamente 99.
El oficialismo no cuenta con esa cantidad. Le falta un voto. Eso le presta un particular dramatismo a esta solicitud de Ley Habilitante y a la eventual votación. El pretexto para esta petición es la lucha contra la corrupción. A propósito de esto, Maduro retó a la oposición a un debate, Capriles aceptó inmediatamente, propuso un mediador que el oficialismo no podría rechazar, monseñor Mario Moronta, y una sede archineutral, la sede de la Conferencia Episcopal. Maduro no ha vuelto a tocar el tema, y por ahora prefiere pasar agachado.
Ahora bien, si la cuestión es la de la lucha contra la corrupción, ya señalamos en editorial anterior que para ello no hace falta una ley habilitante, porque la legislación sobre la materia es abundante. Si quieren luchar contra la corrupción apliquen esas leyes, en particular la que se titula precisamente Ley contra la Corrupción. Además, ¿hasta cuándo piensan mantener a la República sin Contralor? Ya van más de dos años en que ese cargo está vacante, pues no tienen tampoco los votos para designar uno suficientemente alcahueta. No es que el fallecido Russián ni su sucesora hayan hecho mucho en el cumplimiento de sus obligaciones, pero la misma falta de interés del oficialismo en designar un titular, aunque sea por cubrir las formas, es también muy elocuente. Sencillamente no lo consideran necesario. Para el chavo-madurismo se trata de un cargo prescindible. Por ello es que lo de Maduro y su supuesta lucha contra la corrupción es pura faramalla.
