Gobierno, privados y sindicatos se sentaron con la OIT con el foco en los salarios
Sectores de la sociedad civil y representantes de la lucha sindical no descartan la posibilidad de convocar una huelga nacional —aunque prefieren el camino del diálogo— si no se alcanzan acuerdos beneficiosos en el Foro de Diálogo Social que supervisa la OIT
El Foro de Diálogo Social se instaló este lunes 30 de enero en Nueva Esparta, donde representantes de empresas privadas, del sector laboral y del Gobierno esperan llegar a un acuerdo para definir los salarios mínimos en el país bajo la mirada supervisora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A mediados de la tarde, el ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, dio inicio oficialmente a la tercera edición del foro, después de dos encuentros previos el año pasado que no han generado aún resultados palpables.
En esta oportunidad, a diferencia de los encuentros anteriores, hay un foco contundente en el salario mínimo, elemento que marca la agenda ante un contexto de convulsión social por las protestas que ha liderado la fuerza laboral venezolana desde hace meses.
El salario mínimo vigente se estableció el 15 de marzo de 2022, cuando Nicolás Maduro fijó el monto de Bs. 126 aunados a Bs. 45 por el concepto de cesta tickets, para un total de Bs. 171 que por aquel entonces equivalían a $40. Tras un año de devaluación, la suma corresponde ahora a $5,73 de salario y $2 de cesta ticket para un total de tan solo $7,77.
Ante la situación precaria que padecen millones de trabajadores por estos salarios, la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) planteó discutir la fijación de un salario en estas mesas técnicas instaladas en el foro.
Entretanto, activistas políticos denuncian que el Gobierno incumple un 90% de las recomendaciones registradas en el informe que publicó la Comisión de Encuesta de la OIT en 2019, tras evaluar la situación laboral en el país.
*Lea también: OIT vuelve a Venezuela para un tercer Foro de Diálogo Social plagado de pendientes
#AHORA | Se instala formalmente la tercera fase del Foro de Diálogo Social, junto a los diferentes actores del trabajo en Venezuela y la delegación de la Organización Internacional del Trabajo #OIT. @NicolasMaduro #LasSancionesCastiganLaSalud pic.twitter.com/KkQ1va7uJg
— Francisco Torrealba (@torrealbaf) January 30, 2023
Llamado a la OIT
En este contexto de lucha sindical, los protagonistas de las manifestaciones advierten que pretenden mantener la presión de calle e incluso que no descartan una posible huelga general si no surgen soluciones.
En paralelo a la instalación de las mesas técnicas, representantes del Foro Cívico —instancia que agrupa organizaciones de la sociedad civil— celebró el inicio de las conversaciones tripartitas e instó a la OIT a presionar al Gobierno para que cumpla con las deudas pendientes al sector laboral.
«La OIT no se puede dar el lujo de dejar que Venezuela se burle de ella. Con las movilizaciones que hay actualmente, es mala idea burlarse de los trabajadores», resaltó Keta Stephany, representante de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv).
Desde esta instancia no se descarta la posibilidad de convocar una huelga general, pese a que no es la intención actual de los trabajadores, que prefieren mantener una «lucha pacífica y multitudinaria».
Esta idea fue compartida por el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, quien acotó que no se ha planteado ninguna vía alterna al diálogo.
«Apoyamos el diálogo en cualquier instancia. Hay un sector radicalizado que quiere entrar en el esquema de confrontación, pero ya hemos visto las resultas de eso y ha sido un país en crisis. El magisterio, los universitarios y el sector salud no está planteando un esquema diferente al diálogo», señaló.
El Foro Cívico rescató una propuesta que se ha reiterado en distintas ocasiones desde 2021 para postular una solución temporal a la precariedad de los salarios, que consiste en utilizar los fondos del país congelados por la comunidad internacional como fondos para implementar programas sociales que apoyen a los trabajadores.
