Gobierno obliga a comercios a no comprar productos Polar
Cavidea asegura que exigirle al comercio que venda los productos a precios que no han sido acordados con las empresas manufactureras, conlleva el severo riesgo de generar desabastecimiento, escasez, y la inviabilidad económica de muchas empresas
La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) denuncia que algunos comerciantes han informado que se les exige vender todos los 27 productos básicos según la lista de precios regulados por el gobierno de Nicolás Maduro, incluso en el caso de las marcas de aquellas empresas que no participaron en los acuerdos, entre ellas Alimentos Polar, la principal productora de alimentos de Venezuela. En algunos casos, se les ha conminado específicamente a no comprar productos de esta compañía.
«Exigirle al comercio que venda los productos a precios que no han sido acordados con las empresas manufactureras, conlleva el severo riesgo de generar desabastecimiento, escasez, y la inviabilidad económica de muchas empresas, que tendrán impacto en la población venezolana», advierte Cavidea en un comunicado.
En abril el gobierno de Maduro anunció que retomaría la política de control de precios que había relajado en 2019 con la regulación de 27 productos básicos de la canasta alimentaria, entre ellos la harina de maíz precocida, uno de los alimentos más consumidos por los venezolanos y producido principalmente por Polar. Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de la compañía, aseguró que no hay ninguna razón ni justificación para «esta medida arbitraria».
El Ministerio de Comercio Nacional, Sunagro y la Sundde desplegaron a más de 1.000 fiscales en supermercados, abastos y mercados municipales a obligar a que los comerciantes cumplieran con la lista de precios que nunca fue publicada en Gaceta Oficial.
Economistas y los gremios empresariales Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio han advertido que el control de precios solo genera escasez y fortalecimiento del mercado negro de productos de primera necesidad, como sucedió en agosto de 2018 cuando el gobierno impuso precios de 25 rubros alimenticios que a las pocas semanas desaparecieron de los anaqueles.
Adán Celis Michelena, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), sostiene que la orden dada por funcionarios del gobierno a los comercios de no comprar productos Polar es una medida unilateral y arbitraria tomada como represalia porque la compañía decidió no acordar precios, considerando que esto pondría en riesgo su capacidad para producir y abastecer el mercado.
«Es una práctica malsana, están presionando a ciertos comercios para que no vendan productos de Polar, al final quien va a pagar las consecuencias es el consumidor venezolano que es el que quiere conseguir en el anaquel todos los productos que desee. El gobierno lo que debe hacer es ver cómo reactiva las ocho de las 15 plantas que había de producción de harina precocida que expropió y que hoy no están produciendo absolutamente nada«.
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Cavidea señala que, ante un entorno de altísima complejidad e incertidumbre que afecta a la economía nacional desde hace más de dos años, y el riesgo de profundizar el impacto que esto tiene sobre los precios, algunas empresas de alimentos han manifestado públicamente no haber acordado precios de sus productos por el riesgo que esto genera para la viabilidad de sus operaciones y el abastecimiento del mercado.
«En el actual entorno económico, las empresas de la industria han asumido una política de precios responsable, que considera como elementos determinantes los costos de producción, que varían constantemente en función del tipo de cambio y la inflación, y el impacto que esto genera en los costos de reposición. Esto le ha permitido a la industria mantener su capacidad de distribución para llegar de forma directa a cientos de miles de puntos de venta semanalmente en todo el país, y reponer la materia prima importada exclusivamente con recursos propios, generados por el flujo de caja de sus operaciones».
Cavidea recuerda que es fundamental garantizar las condiciones necesarias para que la industria pueda seguir contribuyendo con el abastecimiento del mercado, para que «los alimentos lleguen de manera oportuna a la población venezolana y de esta forma el consumidor pueda elegir libremente cuáles productos y marcas comprar, según sus preferencias y disponibilidad».
