Fiscalía mantiene investigación contra Martha Lía Grajales pese a ser amnistiada
La defensa de Grajales subrayó que el teléfono objeto de las experticias fue robado por grupos parapoliciales en agosto de 2025, durante una agresión frente al Tribunal Supremo de Justicia
La organización de derechos humanos Surgentes denunció este lunes 13 de abril que la Fiscalía 52 Nacional continúa con la investigación contra su co-directora, Martha Lía Grajales. A pesar de que la activista recibió amnistía el pasado 22 de febrero por parte del Juzgado Primero de Control con competencia en terrorismo, el Ministerio Público se niega a devolver su teléfono y pasaporte bajo el argumento de que las experticias aún no terminan.
Surgentes señaló que esta decisión vulnera el principio de «cosa juzgada» y prolonga la criminalización de la defensora. Según la denuncia, la secretaria del despacho fiscal justificó la retención de los bienes como una instrucción de «instancias superiores», lo que ignora la extinción de la causa penal dictada hace casi dos meses en el marco de la Ley de Amnistía.
La defensa de Grajales subrayó que el teléfono objeto de las experticias fue robado por grupos parapoliciales en agosto de 2025, durante una agresión frente al Tribunal Supremo de Justicia. Dicho dispositivo fue incorporado posteriormente al expediente judicial, lo que evidencia, según la ONG, una connivencia entre grupos delictivos y los funcionarios que ejecutaron la detención de la activista tres días después de aquel incidente.
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La imputación inicial contra Grajales incluyó delitos de conspiración con gobierno extranjero, asociación para delinquir e incitación al odio. La organización reiteró que estos cargos carecen de elementos probatorios, ya que la Fiscalía sustentó el caso exclusivamente en un «ciberpatrullaje» y en la interpretación de un funcionario policial sobre el contenido del sitio web de Surgentes.
Ante la persistencia de la investigación, Surgentes presentó denuncias formales ante la Dirección contra la delincuencia organizada del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. La organización solicitó al Fiscal General, Larry Devoe, que corrija la actuación de la Fiscalía 52 Nacional y evalúe si esta práctica de mantener investigaciones abiertas contra ciudadanos amnistiados se repite en otros casos de presos políticos.
La retención del pasaporte de Grajales representa, además, una violación a su derecho al libre tránsito y a la privacidad de sus comunicaciones. Este caso pone en duda la efectividad de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, al demostrar que las estructuras judiciales mantienen medidas restrictivas contra los beneficiarios de la normativa.
