Fiscalía busca demostrar que sí atiende casos de tortura y procesará a un GN en Lara
El Ministerio Público (MP) en el último año, ante la proximidad de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), ha empezado a investigar y sancionar casos de presunta tortura y otros delitos que pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad
El fiscal general impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, asegura que su gestión ahora está dispuesta a procesar las denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes luego de hacerse público un caso cometido por un sargento de la Guardia Nacional y su esposa en Lara.
El pasado 22 de julio, el joven Hernis Rivero se encontraba frente a su vivienda en la localidad de Siquisique, estado Lara, cuando fue abordado por el sargento Yesim Linarez, quien a punta de pistola lo obligó a subirse a su moto y acompañarlo tras acusarlo de robo.
Rivero cuenta que Linarez lo llevó hasta su vivienda, donde fue golpeado brutalmente por el funcionario y lo asfixió con una bolsa plástica mientras la esposa de éste, Luz Celeste Almao, grababa toda la tortura a la cual fue sometido.
Joven de Siquisique, municipio Urdaneta, denuncia presuntas agresiones ejecutadas por un sargento de la GNB, quien lo culpa de un hurto.
El sargento hizo que su esposa grabara, mientras golpeaba al muchacho y ponía una bolsa en su cabeza como método de tortura… pic.twitter.com/2FRRshiAkt— Jennifer Orozco (@JennyPeriodista) July 28, 2021
“Ya la última vez pensé que me iba a morir, entonces ahí la esposa de él, que estaba grabando, le decía ‘no lo vayas a matar gordo’ y él me soltó, me montó en su carro, me agarró la cédula y me llevó al puesto de la Guardia de Siquisique, donde me tomaron fotos y me dejaron ir. Cuando ya estaba suelto, me dijo tienes una semana para encontrarme mis cosas si no te siembro con algo y te mato. Linarez se quedó con mi cédula, yo temo por mi vida”, denunció el joven al portal Punto de Corte.
Hernis Rivero además tuvo que viajar de Siquisique a Barquisimeto, lo que equivale a cuatro horas de carretera, para interponer la denuncia en la Fiscalía Superior del estado Lara, debido a que en esa parroquia no cuenta con una sede del Ministerio Público.
“Yo vengo porque tengo mucho miedo, temo por mi vida, la de mi mamá, la de mi hija y mi novia, así como dos muchachos más que sufrieron lo mismo que yo, pero tienen miedo de denunciar”, dijo Rivero a los medios.
Según el fiscal Saab, tanto Linarez como su esposa fueron detenidos y les serán imputados los presuntos delitos de tortura, privación ilegítima de libertad, uso de niño para delinquir, apología al delito y agavillamiento.
3) El @MinpublicoVE bajo nuestra gestión ha asumido el #compromiso de procesar, judicializar y sancionar de manera independiente, objetiva e imparcial las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en nuestro país #JUSTICIA
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) July 28, 2021
Los casos de tortura cometidos por organismos de seguridad, y de forma particular por policías y militares en Venezuela, no son nuevos. Al menos desde 2014, bajo el contexto de manifestaciones antigobierno o de operativos de seguridad ciudadana se tienen registro de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos.
Las denuncias de torturas también se extiende a la población reclusa, tanto civiles como aquellos apresados por razones políticas (incluyendo a militares acusados de presunta traición).
Organizaciones nacionales y organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado en diversos informes que las denuncias de torturas forman parte de un patrón, que incluye además las detenciones arbitrarias como la sufrida por Hernis Rivero, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
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El Ministerio Público en el último año, ante la proximidad de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), ha empezado a investigar y sancionar casos de presunta tortura y otros delitos que pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad, la materia que investiga dicha instancia de la CPI.
Para demostrar esto, el MP cambió las imputaciones en el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, asesinado por torturas mientras estaba en poder de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, para incluir estos delitos pero no se incluyeron entre los acusados a la cadena de mando. Tampoco se han atendido las denuncias de torturas contra otros civiles y militares presos por razones políticas.
