Fiscalía informó sobre detención de Rocío San Miguel más allá de las 48 horas de ley
Tarek William Saab negó que en el caso de Rocío San Miguel se haya practicado una desaparición forzosa, ya que -según dijo- se siguieron los procedimientos. Calificó como «un delito» decir que en el caso de la presidenta de la ONG Control Ciudadano ocurriera algo por el estilo. Ratificó que está en la sede del Sebin en el Helicoide
El fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, negó este miércoles 14 de febrero que en el caso de la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, se haya producido una desaparición forzosa. Aseguró que a la abogada ya se le había girado una orden de aprehensión; se le comunicó de su detención y se realizó una audiencia de presentación.
Tarek aseveró que una «desaparición forzada es el secuestro de una persona que no aparece como detenida, que no es presentada en un tribunal y termina desaparecida porque la asesinan». El fiscal afirmó que este tipo de hechos sí ocurrieron antes de 1999.
Indicó que San Miguel «fue presentada en los lapsos legales correspondientes» el día 12 de febrero. La activista de DDHH fue detenida el día 9 de febrero, por lo que su presentación ocurrió 72 horas después y no 48 horas como dice la legislación.
En ese sentido, Tarek William Saab considera que afirmar que el caso de la presidenta de la ONG Control Ciudadano es una desaparición forzosa es «mentir» y señala que es «un delito» . Dijo que en su audiencia de presentación estuvieron cinco personas más que, «lamentablemente», estarían presuntamente implicados en la conspiración «Brazalete Blanco».
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Expresó que, entre otros delitos, la abogada fue imputada por la supuesta comisión de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Afirmó que el nombre de Rocío San Miguel sale «textualmente mencionada» en las órdenes de operaciones que el oficial detenido Anyelo Heredia menciona en sus declaraciones. Incluso, dijo que fue delatada por los efectivos militares arrestados en el marco de las investigaciones.
Subrayó que su misión era, supuestamente, «comunicar en tiempo real los avances» de tal conspiración y acotó que ella misma lo reconoció, al igual que «malpuso» a la Fuerza Armada Nacional en Europa y EEUU. Agregó que de las conversaciones telefónicas grabadas se extrajeron datos que no mencionó por estar el caso activo y mencionó la existencia de documentos escritos a mano por ella y que estaban digitalizados en unos teléfonos y una laptop.
Saab explicó que el entorno de San Miguel fue detenido y luego excarcelado con medidas cautelares porque «intentaron ocultar elementos probatorios», esto sobre los equipos electrónicos a los que hizo mención previamente y que las autoridades encontraron en Guárico.
Adelantó que es probable que se produzcan más detenciones por el caso.
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Dijo que la medida de privación judicial preventiva de libertad contra el oficial retirado Alejandro José González De Canales Plaza, expareja de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, se hizo por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Ratificó que Rocío San Miguel está recluida en la sede del Sebin del Helicoide y De Canales Plaza, en la Dgcim.
Además, denunció una supuesta «feroz campaña» por parte de las ONG en este caso. Aseveró que muchas organizaciones reciben una «supuesta ayuda» por parte de la USAID; según el fiscal, recibieron más de 130 millones de dólares para «ayudar al gobierno interino». También las acusó de «mitómanas».
«Se trata de una instrumentalización de las ONG y los partidos políticos para la defensa de los intereses de potencias extranjeras en nuestro país (…) Es así como personas sin méritos, sin tener una trayectoria de defensa de los DDHH, sin hacer actividad de defensa, se les califica de defensoras de derechos humanos cuando aparecen vinculadas a acciones desestabilizadoras contra el Estado, y son detenidas», alertó Saab.
Previamente, el titular del Ministerio Público aseguró que tienen «experiencia» en el manejo de los DDHH en Venezuela y destacó que desde su llegada en agosto de 2017 a esa instancia se han detenido a 2.262 personas que presuntamente violaron DDHH; 2.612 han sido acusados, 983 privados de libertad y 543 condenas se lograron.
