Familiares denuncian desaparición forzada de dirigente de Vente en Portuguesa
La dirigente de Vente Venezuela María Oropeza fue detenida luego de postear un vídeo en sus redes sociales sobre la llamada «operación tun tun». Su madre dijo que «le violaron todos sus derechos» y pidió una fe de vida. «Que me digan por favor dónde está, que por favor no me nieguen dónde la tienen»
Familiares de la dirigente María Oropeza, coordinadora de Vente Venezuela en el estado Portuguesa, denunciaron su desaparición forzada tras ser arrestada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en su vivienda la noche del martes 6 de agosto.
Flor Oropeza, madre de la dirigente política, comentó en un video que ha visitado varios centro de reclusión en dos sitios de Portuguesa y no le han confirmado su presencia. «He ido hasta Guanare, a todos los sitios de reclusión en Guanare y en Acarigua y no me han dado respuesta de ella. No sé del paradero de ella y quiera saber, estoy angustiada, no sé absolutamente nada de mi hija que tuvo una desaparición forzada».
Dijo que a su hija «le violaron todos sus derechos» y pidió una fe de vida. «Que me digan por favor dónde está, que por favor no me nieguen dónde la tienen».
#8Ago Flor Oropeza, denuncia la detención arbitraria y desaparición forzada de su hija, María Oropeza, Jefe del Comando de @PortuConVzla a 48 horas de su público, notorio y comunicacional secuestro por parte de funcionarios Policiales y de Inteligencia de la DGCIM del Régimen. pic.twitter.com/OqgULptMEi
— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) August 8, 2024
María Oropeza fue detenida luego de postear un vídeo en sus redes sociales sobre la llamada «operación tun tun», como han denominado algunos voceros del oficialismo a la ola de detenciones por las protestas en contra de los resultados de las presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador a Maduro.
51 activistas y dirigentes, según una revisión hecha por TalCual, han sido víctimas de hostigamiento, allanamientos de vivienda o detenciones arbitrarias entre el 29 de julio y el 5 de agosto.
Esto significa que, en promedio, siete militantes de partidos fueron hostigados, detenidos o sus viviendas fueron allanadas por los cuerpos de seguridad. En la mayoría de las actuaciones (15), los funcionarios estuvieron encapuchados y sin insignias visibles.
