Explotación laboral y sexual en Bolívar aumenta en medio de omisión del Estado
La explotación laboral y sexual en el estado Bolívar aumenta en medio de la omisión del Estado. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)determinó que 74% de las víctimas de explotación laboral y sexual son mujeres, 25% de ellas son niñas y adolescentes
La explotación laboral y sexual en el estado Bolívar aumenta en medio de la omisón del Estado. En el informe «De lo laboral a lo sexual: formas de esclavitud moderna en el estado Bolívar», el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) determinó que 74% de las víctimas de explotación laboral y sexual son mujeres, 25% de ellas son niñas y adolescentes.
Generalmente, mujeres y niñas son reclutadas como trabajadoras sexuales, algunas son obligadas a realizar trabajos forzados. En Bolívar hay situaciones que convierten al estado en una zona más vulnerable a los patrones y rutas de captación: como el orden impuesto por grupos de poder vinculados con la extracción de oro en el sur de la entidad.
Según un trabajo del Correo de Caroní, las formas más comunes de esclavitud moderna en la capital del oro de sangre determinadas por la investigación son la explotación laboral, sexual, la servidumbre y la trata de personas.
25% de las víctimas de trata y explotación laboral y sexual son menores de edad y las mujeres. En ese sentido, esta población vulnerable es utilizada en las minas de tres formas.
«Por su tamaño y peso corporal, la principal forma en la que se las explota es como apoyo a los martilleros que se encargan de excavar espacios para la localización y ruta de vetas de oro. La tarea implica descender varios metros bajo tierra por agujeros pequeños, sin soporte que impida el derrumbe de techos y paredes. Mientras menos contacto se tenga por las paredes, menos se forza el agujero y por lo tanto hay menos riesgo de derrumbes», registra la investigación de Correo de Caroní.
Con la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO), en 2016, y al paso del aumento de costo de vida en el país, cada vez más personas de distintos municipios de Bolívar y diferentes estados del país -con todo y pandemia por Covid-19- se trasladan a las zonas mineras porque ven en el oro la única forma de costear una vida digna en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.
Asimismo, el oro hace de Bolívar uno de los estados más vulnerables a la explotación sexual y laboral de adultos y menores de edad. Esta es una dinámica impuesta por el conflicto en el que convergen empresas extractivistas públicas y privadas, grupos delictivos autodenominados sindicatos, grupos guerrilleros extranjeros, funcionarios de seguridad del Estado, y quienes quedan en medio: los mineros, comerciantes, vendedores ocasionales y personas que se dedican a labores domésticas o sexuales provenientes de otros municipios de Bolívar, otros estados del país, e incluso de otros países como Brasil y Colombia.
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Destacan que el proyecto extractivista de Nicolás Maduro no solamente tiene su propia dinámica de violencia, además impuso las reglas de una economía distorsionada. Esto origina que, en Bolívar los productos y servicios suelen triplicar su precio en comparación con otros estados del país porque están subordinados al precio del oro, que fluctúa a la par del precio del dólar en el mercado paralelo en un contexto en el que el salario mínimo permite costear solo 0,88% de la canasta alimentaria.
La entidad es el punto de encuentro de las personas que se movilizan pese al riesgo que representa todo lo que esté relacionado con la minería, incluyendo el mismo proceso extractivo en condiciones inseguras en las que mineros, hombres y mujeres se exponen a la asfixia, intoxicación por gas o los derrumbes para hacerse con el mineral que luego deben vender a molinos o procesadoras asociadas con el mismo Estado -que es cómplice-, por márgenes mínimos de ganancia.
