Expertas de la ONU alertan sobre aumento de desapariciones forzadas antes del #28Jul
A juicio de cinco expertas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, estas acciones «podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente» en las presidenciales. Recordaron que privar a una persona de su libertad, la negativa a reconocer su detención, además de ocultar su paradero «la sitúa fuera de la protección de la ley. Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración»
Cinco expertas de la ONU advirtieron este martes 30 sobre el «alarmante aumento» de las desapariciones forzadas en Venezuela, al menos desde diciembre del año pasado, en medio de un contexto de persecución contra ciudadanos que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, asociación y participación antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En un comunicado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU –conformado por Aua Baldé, Gabriella Citroni, Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska y Ana Delgadillo Pérez– denunció que las personas reportadas en desaparición forzada son integrantes de partidos de oposición y militares.
A juicio de las expertas de la ONU, estas desapariciones «podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente» en las presidenciales.
«Estas detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Las mismas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada», afirmó el Grupo de la ONU.
Desde el mes de enero, varios activistas políticos, militares y defensores de derechos humanos han sido detenidos y acusados de estar involucrados en presuntas conspiraciones. Sus familiares y abogados han denunciado que se mantienen en desaparición forzada, como es el caso de Henry Alviárez y Dignora Hernández, ambos del partido Vente Venezuela, o la teniente Karen Nayarit Gómez, vinculada a la operación «Brazalete Blanco».
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Las expertas recordaron que privar a una persona de su libertad, la negativa a reconocer su detención, además de ocultar su paradero «la sitúa fuera de la protección de la ley. Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultación».
Afirmaron que «es crucial que se garantice sin demora información precisa» sobre estos detenidos a sus familiares y abogados. Las expertas destacaron que la desaparición forzada «conlleva la violación de múltiples derechos humanos», entre ellos varios de sus derechos fundamentales.
El Grupo de Trabajo de la ONU instó al gobierno venezolano no solo a «prevenir, erradicar y enjuiciar todo acto de desaparición forzada», sino a proporcionar «información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por el Estado, y a que les ofrezca todas las garantías legales, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y a recibir visitas de éstos, el acceso a asistencia letrada de su elección y el derecho a comparecer ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención».
También expresó su disponibilidad de brindar cooperación y asistencia técnica, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos de los detenidos y sus familiares, «y que cualquier caso de desaparición forzada se investigue de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos».
