Excarcelan a ocho ciudadanos de Monagas que estaban presos por supuesto terrorismo
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos confirmó la liberación de ocho ciudadanos que permanecían recluidos en la sede de la PNB en La Yaguara. El grupo, que incluye a miembros de una misma familia, había sido arrestado en Monagas en agosto de 2025 bajo acusaciones de terrorismo
Una nueva lista de ocho personas excarceladas fue confirmada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Los ciudadanos liberados fueron identificados como Óscar Leiva, Felipe Leiva, Óscar Leiva M., Wilmer Leiva, Carlos Soto, Luis Corvo, Diego Núñez y Daniel López, quienes se encontraban privados de libertad en el centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en La Yaguara, Caracas.
De acuerdo con el reporte de la organización civil, el grupo de ciudadanos —varios de ellos integrantes de un mismo núcleo familiar— había sido arrestado de forma arbitraria en agosto de 2025 en Maturín, estado Monagas. Las autoridades judiciales les imputaban los presuntos delitos de terrorismo y asociación para delinquir.
«Hoy celebramos que esta familia vuelve a estar unida, pero no olvidamos que cientos de presos políticos siguen tras las rejas», manifestó la oenegé a través de sus canales oficiales, coincidiendo con la exigencia generalizada de diversos sectores de derechos humanos para que continúen los procesos de liberación total.
Esta medida se suma a la confirmación previa hecha por la organización Realidad Helicoide sobre la salida de prisión de los funcionarios Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, los últimos tres exefectivos de la Policía Metropolitana que permanecían tras las rejas desde hace más de dos décadas por los sucesos de abril de 2002.
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Los reportes independientes de las ONG se producen luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara una medida de liberación masiva para 300 personas bajo argumentos de «beneficios procesales por razones humanitarias». Rodríguez detalló que el proceso, que comenzó a ejecutarse formalmente entre el jueves y el viernes de la semana pasada, está dirigido a grupos vulnerables como menores de edad, adultos mayores de 70 años, mujeres embarazadas o lactantes, y ciudadanos con patologías crónicas de salud.
Pese a este balance oficial de 300 personas, las organizaciones de derechos humanos insisten en que la cifra de presos políticos en el país todavía supera los 500 casos en todo el territorio nacional.
El incremento en la ejecución de estas medidas sustitutivas de libertad ocurre en un contexto de fuerte indignación y presión de la sociedad civil tras el fallecimiento de Carmen Teresa Navas. La mujer de 81 años murió apenas 10 días después de enterarse de que su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, había fallecido en julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo sin que ninguna institución del Estado notificara formalmente el deceso a su familia durante casi un año.
A la par de las denuncias internas de desaparición forzada en el caso Navas, la dinámica política internacional sumó la advertencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que su administración vigilará de cerca que se concrete la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. El mandatario estadounidense hizo además referencia a la gestión de Delcy Rodríguez, encargada del poder tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
«Vamos a sacarlos a todos. Y te diré algo: Delcy está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está eufórico con lo que ha pasado», afirmó Trump durante sus declaraciones de la semana pasada.
