Estrategia de «calmar las aguas» sin tocar el instructivo Onapre le falla a Maduro
El 15 de agosto se oficializó el despido de Marco Polo Consenza, quien se desempeñaba como jefe de la Onapre en medio de los reclamos y protestas masivas por el instructivo. Las federaciones y sindicatos han dicho que seguirán en las calles y ya convocaron a nuevas protestas nacionales. Para Jacqueline Richter, del Observatorio de Libertad Sindical, las medidas de Nicolás Maduro responden a intentos para acabar con las manifestaciones, el descontento en sus propias bases y las posibles denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que vendrá en septiembre al país
Desde finales de marzo, las protestas no han cesado en la administración pública. ¿El motivo? La aplicación de un instructivo, firmado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que contempla la modificación de los reglamentos para calcular los salarios, las primas por antigüedad y profesionalización, entre otros beneficios.
El instructivo Onapre rebaja, dependiendo del sector, entre 40 y 60% los pagos de primas y cláusulas establecidas en las convenciones colectivas, vigentes desde agosto de 2021. A ello se suman las firmas de «actas convenio» entre el Ministerio del Trabajo, sindicatos y federaciones asociadas con el oficialismo, que también han afectado los pagos.
Tal fue el caso del sector salud, que tras una negociación vio rebajado el bono para calzado y uniformes, mientras que el pago del bono recreacional para jubilados y pensionados se acordó fraccionarlo. En el caso de maestros y profesores universitarios, la segmentación del pago del bono vacacional llevó a reclamos más fuertes en las calles, con el apoyo de otros gremios.
Lea también: Inaesin reporta 143 conflictos laborales en Venezuela en julio de 2022
Las protestas derivaron en un compromiso de pago del bono vacacional completo, pese a que voceros del oficialismo dijeron que no había plata para cancelarlo de esta forma, además de un cambio de jefe de la Onapre el pasado 15 de agosto. Esta medida es vista por algunos sindicatos como una «cortina de humo» para acabar con las manifestaciones.
El secretario general de Fetrasalud, Pablo Zambrano, reitera que la administración pública lo que busca es la eliminación del memorando 2792. Maduro quiere «quitarse responsabilidades» tras la ola de protestas.
*Lea también: Pablo Zambrano denuncia que fue despedido de la Secretaría de Salud de Caracas
«En todo caso sería más efectivo que destituyan al ministro de Planificación, Ricardo Ménendez, porque ha sido la cabeza de todos los cambios que se han realizado en materia laboral y el irrespeto a la contratación colectiva», asegura Zambrano.
Para Jacqueline Richter, directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV), «lo que trata de hacer el gobierno del presidente Maduro es tratar de calmar las aguas porque las protestas fueron nacionales, pero estas no van a acabar hasta que se elimine el instructivo».
Un punto que menciona Richter son los problemas que traería a la administración Maduro derogar este instrumento. «Sería una derrota muy grande», dice, pues ya se vieron obligados a dar un paso atrás al aceptar el pago completo de un bono pese al impacto económico que produce en sus arcas.
Otra cuestión a considerar, dice la investigadora, es la unión entre los distintos sectores de la administración pública, principalmente educación y salud, que se aliaron para organizar una gran protesta nacional y diversas manifestaciones en todos los estados; al igual que el descontento del propio chavismo.
«Esa coordinación mostró la fuerza de una agenda laboral contra una medida tomada por Maduro, no como presidente sino como empleador (…) El Gobierno evaluó y decidió que no podía responder a estas protestas con la típica respuesta represiva y persecutoria», afirma la profesora.
Mientras, Keta Stephany, secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv), tampoco cree que la destitución del director de la Onapre haga mella en las manifestaciones laborales en contra de la institución, que ya suman más de 285 entre marzo y julio.
«Esto no son protestas de manifestaciones declarativas, estas son protestas por una lucha de restitución de derechos que han sido violentados a los trabajadores. Logramos un objetivo parcial, que era el pago completo del bono vacacional, pero se completará con la derogación del instructivo Onapre», aclara la profesora asociada de la UCV.
El zaperoco que desató la Onapre
La directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical explica que las medidas de Maduro son simples, pues responden a bajar la cantidad de manifestaciones, manejar el descontento dentro de sus propias bases y silenciar los reclamos laborales ante la próxima visita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en septiembre para revisar los acuerdos de la primera comisión de diálogo nacional.
La doctora en Sociología destaca que este instructivo Onapre no puede verse «fuera del contexto mayor” que significó la discusión de convenciones colectivas para el sector salud y de educación entre los ministerios y federaciones oficialistas. En ambos casos, se rebajaron demandas salariales presentadas por sectores independientes como Fetrasalud o Fapuv.
«Pero, en ningún caso, esos sindicatos oficialistas fueron capaces de defender lo que habían negociado. Fueron los sindicatos clasistas los que salieron a defender una convención que no celebraron, debido a que el instructivo Onapre rebajó los beneficios de esa convención», dice.
Lea también: El ajuste que faltaba al plan de Maduro: bajar los salarios aunque suba el petróleo
Los reclamos, a juicio de Richter, ocasionaron el «recule» de las medidas tomadas por la administración Maduro. Una de ellas, el pago del bono vacacional completo para el sector educativo.
«Fueron desnudados como un gobierno que se dice protector de los derechos de los trabajadores y, por una misión de mejorar cuentas macroeconómicas y mantener los índices de inflación controlados, sacrificaron los beneficios de los trabajadores», afirma.
Para Keta Stephany, ya el Gobierno se tiene que haber dado cuenta de «que esa costumbre de firmar actas y contratos con sindicatos que no lo son —porque son organizaciones paragubernamentales—, no da resultado porque no representan a los trabajadores. Entonces, la lucha y la protesta se va a producir de todos modos».
Recuerda que toda discusión de instrumentos debe hacerse contando con información por parte del Estado. «Ellos no pueden seguir llegando a las reuniones diciendo: No, es que no tenemos ingresos o son muy pocos«.
La profesora reitera que la administración Maduro tiene el deber de mostrar el presupuesto nacional, decir cuánto es el ingreso nacional y su distribución «para ver cuál es el porcentaje que se está destinando a sectores como educación, ya sea inicial o universitaria. También deben decir la frecuencia de cargos en el sector».
Con esta información, y tras una evaluación independiente, dice la dirigente de Fapuv, se podrá negociar. «No se puede ir a una negociación con los ojos vendados, y eso es lo que hace el Gobierno cuando oculta la información». Se necesita la información, se necesita la discusión y que se sienten a discutir a la brevedad con los verdaderos sindicatos sus condiciones de trabajo y remuneración».
Lo que se viene para Maduro
Para este próximo martes 24 de agosto se convocó a una nueva protesta nacional en Caracas para exigir la derogación del instructivo Onapre. Incluso, los trabajadores han planteado otra manifestación hacia la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde desde mediados de julio reposa una solicitud para que se elimine este instrumento.
La próxima semana también se espera la revisión de la última acta convenio que afectó al sector salud. Ya el Ministerio del Trabajo y la oficialista Fenasirtrasalud plantearon el 18 de agosto reconsiderar las cláusulas de uniformes y zapatos, que habían quedado en 200 bolívares (menos de 30 dólares), así como un pago completo para cancelar el bono recreacional a jubilados.
Para Jacqueline Richter, toda esta ola de protestas puede obligar a la administración Maduro a sentarse con las federaciones y sindicatos independientes para discutir nuevas convenciones colectivas.
«Se está demostrando que si el Gobierno quiere que salud y educación mínimamente funcionen, va a tener que sentarse con los que realmente representan a esos trabajadores, no con organizaciones que son prácticamente apéndices del partido de Gobierno», afirma.
Keta Stephany también ratifica la idea. «Aquí se debe hacer una negociación de nuevos instrumentos sobre condiciones de trabajo y remuneración con organizaciones que sí representen a los trabajadores».
También se debe tomar en cuenta la visita de la OIT, pautada para septiembre. Con la instalación de una comisión de diálogo social se establecieron una serie de acuerdos, entre ellos la instalación de mesas bipartitas.
Pero ninguna de ellas se ha instalado desde abril. Richter dice que le pusieron pausa, «no han hecho absolutamente nada, solo convocan a organizaciones sindicales y empleados para presentarles las memorias de cumplimiento de los convenios que, por cronograma ante la OIT, deben presentar este año».
